SANTIAGO.- El diputado del Partido por la Democracia (PPD), Felipe Harboe, llegó hasta las dependencias de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) para solicitar que se prohíba el uso de los registros comerciales "históricos" en las operaciones bancarias.
El parlamentario precisó que, pese a que la ley lo impide, "los bancos siguen manteniendo registros históricos de las deudas de los clientes".
"Hay personas que han tenido deudas que no son delincuentes, ni frescos, ni estafadores, que han superado sus condiciones y que no han tendido ninguna deuda en los últimos cinco años y a pesar de ello les niegan los créditos, porque tienen las bases de datos escondidas en sus registros", argumentó el legislador.
Harboe indicó que "existe en todo el mundo una regulación que consagra el derecho al olvido". La ley de protección de datos personales, aclaró, señala "que los registros tienen que ser borrados a los 5 años y esto queda demostrado con el fallo de la Corte de Apelaciones que ha sido vulnerado".
"Los bancos hoy día están violando la ley. Hemos detectado al menos a 4 bancos, que estarían utilizando archivos históricos, en desmedro de los ciudadanos y eso es una verdadera condena a la marginalidad", aseveró el parlamentario de oposición.
Todos estos antecedentes llevaron al diputado Harboe a solicitar al Superintendente que instruya los bancos comerciales a borrar los registros históricos, si no lo hace, aseguró, "presentaremos un Proyecto de Ley para establecer una multa onerosa a aquellos que mantengan esos registros. Porque realmente es una verdadera cárcel para las personas que quieren pedir créditos de consumo".
Por último, Felipe Harboe recordó la reciente aprobación en el Senado del proyecto que termina con los abusos del Dicom, del cual es autor y que contó con un amplio respaldo de firmas ciudadanas y que beneficiaría a más de 4 millones de chilenos.
"Espero que lo podamos despachar este martes para que sea ley y para que, a partir de marzo, se termine con los abusos del Dicom. En este país no puede ser que una persona que tenga o haya tenido una deuda quede marginada en el sistema. Eso no es aceptable", concluyó.