Grecia ultima nuevo plan de austeridad exigido por sus acreedores

ATENAS.- El primer ministro Lucas Papademos espera obtener el miércoles el aval de los jefes de los tres partidos de la coalición gubernamental a un duro ajuste reclamado por los acreedores de Grecia para dar apoyo financiero a este país de la Eurozona al borde del default.

Desde primera hora de la mañana, los dirigentes de los partidos estudian las 50 páginas del acuerdo alcanzado durante la madrugada por el primer ministro y la troika que representa a los acreedores públicos del país: la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El texto "presenta las grandes líneas de las nuevas medidas" exigidas por el FMI y la UE para desbloquear un nuevo segmento del préstamo otorgado a Grecia por sus socios de la Eurozona a fines de octubre, indicó a la AFP una fuente del partido conservador Nueva Democracia (ND).

Los dirigentes de la coalición del Gobierno de unión nacional -el socialista Giorgos Papandreu, el conservador Antonis Samaras y el ultraderechista Giorgos Karatzaferis- deberán expresar su "acuerdo de principios" con ese plan, en una reunión que mantendrán con Papademos, precisó la fuente.

Salvo nuevo golpe de efecto, la reunión deberá iniciarse "después de las 13:00 GMT", informaron los servicios del primer ministro.

Tras un primer aplazamiento el domingo, los dirigentes políticos debían reunirse el lunes, pero las dificultades para limar los desacuerdos entre la troika y el Gobierno obligaron a posponer el encuentro varias veces.

Los acreedores públicos y privados esperan con impaciencia el aval político, después de tres semanas de tensas negociaciones.

El acuerdo se someterá luego a la aprobación del Parlamento, y los medios griegos indican que el poder legislativo podría reunirse de urgencia el domingo para someter el plan a votación.

Según trascendidos de prensa de estos últimos días, las medidas incluyen un recorte del 20% del salario mínimo (que pasaría a unos 500 euros mensuales para los 325.000 asalariados afectados), reducciones del 15% de las jubilaciones complementarias y la supresión rápida de 15.000 empleos en la función pública.