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Santiago: Jueves 25 de abril del 2024 | Actualizado 00:44
Pancarta a favor de la expropiación de YPF a Repsol exhibida ayer en un acto de las Madres de la Plaza de Mayo.
EFE.BUENOS AIRES.- La Cámara de Diputados argentina mañana comenzará a debatir la expropiación de la petrolera YPF, la mayor empresa del país actualmente controlada por la española Repsol, y cuyo traspaso se espera reciba un amplio apoyo de los legisladores el día jueves cuando finalmente sea votada.
La decisión de la Presidenta Cristina Fernández, generó el rechazo de España, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), recibió el respaldo el jueves de la semana pasada en la Cámara alta por una mayoría de 63 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.
Se espera que entre los diputados del mismo modo la iniciativa alcance un triunfo holgado, el jefe de la bancada oficialista del Frente para la Victoria Agustín Rossi, estimó que 200 de los 257 parlamentarios votarán el jueves a favor.
"Seguramente tendremos un número importante de diputados acompañando el proyecto de YPF. Serán alrededor de 200 los que voten a favor, lo que es un dato significativo", afirmó Rossi en una entrevista radial.
El proyecto establece que el Estado argentino controlará el 51% de YPF -el cual se reparte entre el gobierno (26,03%) y las provincias (24,99%)- el grupo local Petersen mantiene un 25,46%, la propia Repsol queda con un 6,43% en tanto el resto de acciones (17,09%) permanece en el mercado bursátil.
La iniciativa impulsada por Fernández, contempla además la creación del Consejo Federal de Hidrocarburos, que estará compuesto por cuatro ministros y representantes de todas las provincias, y prohíbe la transferencia futura de los títulos expropiados sin autorización de las dos terceras partes de los miembros del Congreso Nacional.
Uno de los puntos cruciales de la expropiación es el precio que le pagará a Repsol el gobierno trasandino, ya que el proyecto dispone que sea el Tribunal de Tasaciones de la Nación el que lo determine.
Mientras que la empresa española, ya adelantó que reclamará al menos US$ 10.000 millones y que hará defender sus derechos ante tribunales internacionales.
El presidente del Grupo, Antonio Brufau, dijo que pedirán "una compensación a través del arbitraje internacional", que deberá "ser al menos igual" al valor de su participación, que estimó en US$ 10.500 millones.
