Tribunal Constitucional marca los límites de la austeridad en Portugal

LISBOA.- Portugal y la "troika" están pendientes de las decisiones del Tribunal Constitucional luso, que a costa de anular reformas del Gobierno puede convertirse en el juez final de la austeridad y determinar el éxito o el fracaso del rescate.

Héroe para unos, villano para otros, el Alto Tribunal ha recibido fuertes críticas del Ejecutivo conservador, que lo acusa de tener intereses partidarios y poner en riesgo la credibilidad externa del país, mientras que oposición y sindicatos lo alaban y se aferran a él como el instrumento más eficaz para limitar las severas políticas de ajustes aplicadas en el país.

El Gobierno del primer ministro Pedro Passos Coelho manifiesta públicamente su preocupación y alerta de que si vuelve a tumbar algunas de las medidas dirigidas a reducir el gasto público, como las que recogerán los Presupuestos de 2014, el programa acordado con la UE y el Fondo Monetario Internacional puede descarrilar en su recta final y acercar la amenaza de un segundo rescate a Portugal.

Hasta ahora, el Constitucional ha marcado las "líneas rojas" a la austeridad en el tira y afloja que mantienen el Ejecutivo, la izquierda y hasta el presidente, Aníbal Cavaco Silva, que envió a los jueces los anteriores Presupuestos para su fiscalización, pese a ser del mismo partido que el actual primer ministro.

En total, cuatro sentencias del Constitucional han invalidado en los últimos dos años recortes del gasto público por valor de varios miles de millones de euros.

Previsiblemente, en la agenda de los jueces estarán en breve también los Presupuestos de 2014, cuyo borrador presentado la pasada semana adelanta una nueva rebaja de sueldos a los funcionarios.

Otros ajustes "hacen fila" para ser revisados, entre ellos el aumento de la jornada laboral del funcionariado, que pasó de 35 a 40 horas semanales.

El Tribunal rechazó en julio de 2012 la supresión de las pagas extra en la función pública, aunque la decisión solo se aplicó al año siguiente.

Mayor repercusión tuvo el revés de abril pasado, cuando se invalidaron cuatro normas del Presupuesto de 2013 que representaban 1.300 millones de euros de recortes en los salarios de pensionistas y funcionarios.

El fallo puso en suspenso la liberación de los fondos del rescate y obligó a los técnicos de la "troika" incluso a volver a Portugal para comprobar las alternativas del Gobierno que garantizaran el objetivo del déficit del 4% para el próximo año.

Otra sentencia ilegalizó en agosto el régimen de movilidad de los trabajadores públicos con el que el Ejecutivo esperaba ahorrar 900 millones de euros mediante el despido de aquellos que considerara excedentarios y que llevaran en el paro más de doce meses.

Y el último revés llegó este mes de septiembre, cuando tumbó disposiciones que facilitaban el despido y que formaban parte de la reforma laboral, uno de los ajustes clave del programa del Gobierno y la "troika".