WASHINGTON.- Una auditoría interna del Banco Mundial reveló que una rama de la institución consagrada al sector privado invirtió en una empresa acusada de violaciones a los derechos humanos en Honduras, según el informe divulgado a la prensa.
La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), aprobó en diciembre de 2008 una línea de crédito por US$ 30 millones a la compañía Dinant para extender su producción de aceite de palma en el valle de Aguán, donde es acusada del asesinato y expulsión de campesinos.
La IFC "subestimó los riesgos relacionados a la seguridad y el conflicto de tierras asociados a la inversión en Dinant", indicó la Compliance Advisor Ombudsman (CAO, uno de los órganos de vigilancia interna del Banco).
La CAO, que reporta directamente al presidente del Banco Mundial, criticó a la IFC por una "inadecuada" supervisión del proyecto, indicando que "debió haber estado consciente de la serie de acusaciones públicas en contra de su cliente y de su imagen negativa".
La región de Aguán, al norte de Honduras, vive desde hace más de cinco años un sangriento conflicto entre campesinos y terratenientes por posesión de tierras.
Unos 102 agricultores habrían sido asesinados en esa región entre 2010 y 2013, de los cuales unos 40 estarían vinculados directamente a terrenos propiedad de Dinant, según organizaciones no gubernamentales citadas en el informe de 59 páginas de la auditoria.
Unos nueve agentes de seguridad de la empresa también habrían sido asesinados por personas vinculadas al movimiento campesino, según esas mismas organizaciones.
Para la CAO, este caso "siembra dudas sobre la robustez de las estructuras de toma de decisiones" en la IFC para inversiones en zonas de alto riesgo.
En su respuesta publicada por la CAO, la IFC afirmó que los riesgos vinculados a este proyecto parecían "limitados y manejables" cuando la inversión fue aprobada en diciembre de 2008.
"No había evidencia de reclamos de tierras" agrícolas, escribieron los directivos de IFC, señalando que la agitación comenzó tras el golpe que derrocó al presidente Manuel Zelaya en junio de 2009.
A pesar del empeoramiento de la seguridad en la zona a raíz del caos político, la IFC desembolsó meses después US$ 15 millones acordados en el préstamo.
Aunque expresó su desacuerdo con "algunas" conclusiones de la auditoría, la IFC señaló que extraerá enseñanzas para manejar los riesgos ambientales y sociales de zonas complicadas.
En un comunicado, un grupo de ONG hondureñas e internacionales fueron más allá y exigieron al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, "retener" el financiamiento a Dinant y exigirle a la empresa el cese de la violencia contra los campesinos.
