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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 18:38
SANTIAGO.- La abogada de los accionistas minoritarios de La Polar, Bárbara Salinas, se refirió esta mañana a la decisión del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago de reabrir la investigación por el caso de repactaciones unilaterales de La Polar y aseguró que algunas de las diligencias solicitadas por la defensa de los ejecutivos son "impertinentes".
El tribunal acogió la solicitud de las defensas de los acusados Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, quienes pidieron realizar un conjunto de pericias y diligencias, entre las que se encuentran la declaración del chofer de María Isabel Farah y el acceso a la información de un servidor gemelo que mantiene la Fiscalía Centro Norte.
En entrevista con CNN Chile, la profesional indicó que "para nosotros es bastante incomprensible que se acepte como una diligencia de apertura la declaración del chofer. (...) No vemos cómo esa persona puede explicar que la señora Maria Isabel Farah no tenía conocimiento de las repactaciones".
"Para nosotros son diligencias de carácter dilatorio, además de ser impertinentes”, agregó Salinas.
Respecto a la solicitud de revisar la información contenida en un servidor gemelo, la abogado explica que esta diligencia es entendible "porque en ese servidor tienen todos los correos electrónicos de empresas La Polar. Con esos correos quedan demostradas cuáles eran las comunicaciones entre Julián Moreno, con María Isabel Farah y Pablo Alcalde".
"Las defensas desconocen que tienen participación en estos hechos y se culpan unos con otros, así que vamos a ver qué es lo que pasa con las pericias que ellos quieren hacer respecto a ese servidor gemelo y si efectivamente se arrojan versiones distintas, aunque a esta altura nos parece que es bastante difícil", añadió la representante de los accionistas minoritarios.
La reapertura ocurre casi un mes después de que el Ministerio Público cerrara la investigación y presentara acusación en contra de nueve ex ejecutivos de la compañía, a los que les imputa participación en diferentes delitos cometidos entre los años 2006 y 2011.
Por los mismos, la Fiscalía solicitó penas privativas de libertad para los principales acusados -Alcalde, Farah y Moreno- que llegan a los 14 años de cárcel y el comiso de los bienes adquiridos con dineros de origen ilícito.
