Daniel Fernández, vicepresidente ejecutivo de HidroAysén
Christian Zúñiga, El Mercurio
SANTIAGO.- El lunes recién pasado, un día antes de la reunión del Comité de Ministros, encabezado por el titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier, y que
rechazó el proyecto hidroeléctrico HidroAysén, el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), modificó el reglamento sobre relocalización de comunidades afectadas por proyectos de inversión.
De la norma, compuesta por 37 páginas, se alteró una, la que originalmente decía que cuando en una iniciativa no se podía determinar los sitios de acogida de la población reasentada, el dueño del programa podía "incluir los criterios que guiarán la posterior selección de predios".
En la reunión se señaló que "en el estudio ambiental de HidroAysén sólo se da cuenta de los criterios para escoger los predios receptores, pero no se presentó el predio receptor ni estudio de cabida alguno (que determina la sustentabilidad económica de dichos recibidores)".
Sin embargo, la norma establecida hasta el 9 de junio no lo pedía y decía que se podían "incluir los criterios que guiarán la posterior selección de predios y estudio de cabida", indicó
El Mercurio.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente admitió que la norma se cambió en 2014, pero afirmó que sólo es una nueva edición de la norma anterior.
HidroAysén tenía un plan de relocalización que incluía acuerdos para ubicar a 19 familias, compuestas por 48 personas; 17 grupos de 47 personas; y dos familias de tres personas que hubieran sido desplazadas temporalmente.
Estos acuerdos sumaban US$ 800 millones que incluía la compra de predios, pago del traslado y de la infraestructura de terrenos y apoyo por 10 años.
Según el proyectyo hidroeléctrico, a todas las familias se les hizo hasta tres ofertas por escrito y compró 5.820 hectareas en la zona para ellas: 2.250 en Valle Grande; 1.120 en lago Cochrane; 300 en lago Tranquilo; y 2.150 en Coyhaique.
Desde la empresa aseguran que el mismo Daniel Fernandez visita habitualmente algunas familias.
