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Santiago: Viernes 30 de mayo del 2025 | Actualizado 22:59
SANTIAGO.- Para la próxima semana está previsto el anuncio de la nueva comisión asesora que deberá recomendar una nueva institucionalidad para la inversión extranjera, tras la eliminación del DL 600, y que estará integrada por unos 12 miembros.
La iniciativa, según informa "El Mercurio" forma parte del protocolo de acuerdo que firmó el Gobierno con la Comisión de Hacienda del Senado el 8 de julio, en el marco de la tramitación de la Reforma Tributaria.
El protocolo señala que el Gobierno deberá ingresar al Congreso un proyecto de ley que "deberá plasmar las recomendaciones de una comisión asesora transversal, que presidirá el ministro de Economía", precisa el texto.
Según fuentes de Gobierno, entre los miembros de la comisión se encuentran el ex senador UDI, Jovino Novoa, quien integró por años la Comisión de Hacienda del Senado; el ex diputado UDI y ex ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, y la socia de Fuensalida y Del Valle Abogados, Carolina Fuensalida.
También será parte de la Comisión el ex senador PRSD Guillermo Vásquez, y el académico del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), Patricio Palma (PC).
La instancia será presidida por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes y, además, la integrará el vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), Jorge Pizarro Cristi, quien asumirá la secretaría ejecutiva.
Al interior del Ejecutivo afirmaron que los senadores de la Comisión de Hacienda pudieron sugerir algunos nombres, a fin de dar sustento político y transversalidad al grupo.
De acuerdo con el protocolo, la Comisión Asesora tendrá un plazo de 120 días desde su conformación para evacuar un informe con sus recomendaciones para atraer inversión al país.
En el sector privado, y en particular en la minería, han sido críticos de la derogación del DL 600 en la Reforma Tributaria. Indicaron que dicha herramienta ha sido efectiva en atraer inversión foránea, por lo que esperan que la nueva institucionalidad sea similar.
La creación de esta instancia se empalma, dicen en el Gobierno, con una de las medidas de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, y que plantea un proyecto de ley que modificará las funciones y estructura del CIE.
