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Santiago: Lunes 15 de diciembre del 2025 | Actualizado 11:22
LISBOA.- La agencia de calificación de riesgo Fitch afirmó hoy que la última sentencia del Tribunal Constitucional portugués reduce a corto plazo los riesgos de incumplimiento de los objetivos fiscales del Gobierno.
El Alto Tribunal decidió el jueves pasado permitir parcialmente los recortes en los salarios de la función pública hasta 2015, pero los vetó entre 2016 y 2018.
El fallo "reduce a corto plazo el riesgo de consolidación de las cuentas públicas y permite al Ejecutivo continuar el esfuerzo para alcanzar las metas presupuestarias este año", señala la agencia.
Fitch reitera su "visión" de que Portugal alcanzará este año su objetivo de reducir el déficit público al 4 % del PIB, medio punto menos que en 2013.
Para 2015, la agencia estima que la disminución seguirá hasta el 2,7 %, ligeramente por encima del 2,5 % comprometido con los acreedores internacionales, la UE y el Fondo Monetario Internacional.
La reducción prevista del déficit será menor, según Fitch, debido a un crecimiento estimado menos robusto de lo esperado, como se reflejó en los dos primeros trimestres del año.
Entre enero y marzo, el PIB portugués se contrajo un 0,6 %, por una fuerte caída de las exportaciones, y volvió a crecer otro 0,6 % en los siguientes tres meses.
Aunque las alertas fiscales a corto plazo se reducen, la agencia afirma que persiste un "importante" riesgo político para los siguientes años, de cara a las próximas elecciones legislativas, programadas para octubre de 2015.
El siguiente Gobierno puede verse obligado a un aumento de impuestos para compensar los recortes ilegalizados a partir de 2016, lo que podrá acarrear una mayor disputa política.
Pero si las medidas de ajustes continúan en los futuros Ejecutivos, la agencia prevé una reducción gradual de la deuda pública del 129% del PIB actual al 110% en 2013.
Los recortes parcialmente vetados consistían en reducciones de entre el 3,5 y el 10 % en salarios de más de 1.500 euros, una medida adoptada de manera temporal por el anterior Gobierno socialista.
La decisión del Tribunal Constitucional comportó, además, la ilegalización de la reforma de la seguridad social que planeaba reducciones permanentes del 2% al 3,5% en las pensiones de más de 1.000 euros.
Esta medida debía aplicarse a partir de 2015 en sustitución de la "Contribución Extraordinaria de Solidaridad", otro gravamen de entre 3,5% y 15% sobre las pensiones de más 1.000 euros con un recorte.
