WASHINGTON.- Cuando el Presidente venezolano Hugo Chávez perdió el poder la semana pasada luego de una protesta masiva, el gobierno de George W. Bush afirmó que los venezolanos estaban ejerciendo su derecho legal a rebelarse.
Casi nadie en el continente coincidió con esa apreciación.
Prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos consideraron inconstitucional la salida de Chávez, lo que les obligaba a manifestarse en contra.
Después de una notable cadena de acontecimientos, Chávez regresó al poder apenas 36 horas después.
La conformidad de la Casa Blanca a la remoción de Chávez el viernes pareció en agudo contraste con la posición pro-democrática a la que ha adherido Estados Unidos durante más de dos décadas.
Estados Unidos empleó la fuerza militar para restablecer la democracia en Granada en 1983, Panamá en 1989 y Haití en 1994. Impuso sanciones a Perú en 1992 cuando el entonces Presidente Alberto Fujimori se excedió en sus prerrogativas constitucionales. Empleó su influencia diplomática para asegurar desenlaces constitucionales en Guatemala en 1993 y Ecuador en el 2000, en momentos de crisis política en esas naciones.
En septiembre, el secretario de estado Colin Powell viajó a Perú para la firma de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Faculta a la OEA a tomar toda medida que "considere adecuada", incluyendo la expulsión de la OEA, para hacer frente a la subversión de los procesos democráticos en cualquier estado miembro.
Esas interrupciones ocurren más frecuentemente cuando fuerzas externas, por lo general los militares, derrocan a un gobierno electo. En el caso de Venezuela, el gobierno de Bush opina que el gobierno de Chávez era una amenaza mucho mayor a la democracia venezolana que sus oponentes.
Mediante plebiscitos y otros medios, Chávez había acumulado considerables poderes desde que asumió en 1999. Promovió una nueva constitución y designó una nueva Corte Suprema, entre otras cosas.
Chávez causó inquietud en Washington con su aproximación a Cuba, Irak y Libia. Las tribulaciones económicas contribuyeron a desgastar su popularidad, como también su intento de reemplazar los ejecutivos profesionales de la compañía estatal por aliados políticos.
La semana pasada hubo manifestaciones masivas de protesta, que produjeron su sorpresiva caída y su casi inmediata rehabilitación.
El viernes, el Departamento de Estado consideraba que su caída había sido reflejo de la voluntad popular.
Pero pocos fuera de Washington aceptaron esa interpretación. Horas después de la afirmación del Departamento de Estado, diecinueve presidentes latinoamericanos reunidos en San José condenaron "la interrupción del orden constitucional". El Presidente mexicano Vicente Fox dijo que su país no reconocería el gobierno interino designado tras la caída inicial de Chávez.
Cuando se hizo evidente la rehabilitación de Chávez, Estados Unidos se sumó el sábado por la noche a sus colegas de la OEA para condenar "la alteración del orden constitucional en Venezuela".
