LA PAZ.- Fuerzas sociales en la ciudad de Santa Cruz protagonizaron el viernes una nueva marcha contra el Gobierno por la autonomía de la región y contra el alza de los combustibles. La protesta derivó en la toma pacífica de la Prefectura (gobernación) de Santa Cruz.
Al menos unas 2.500 personas colmaron la plaza de armas de Santa Cruz, 570 kilómetros al sudeste de La Paz, donde se pidió la renuncia del Presidente Carlos Mesa, se exigió la inmediata autonomía para esa región y la derogatoria del decreto del alza de los carburantes.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rubén Santa Cruz, anunció durante la concentración la convocatoria para el 28 de enero a un "cabildo abierto" para conformar el primer gobierno autónomo provisional.
Pese a que el gobierno y el Comité de Santa Cruz, la región más pujante del país, habían acordado que no se desplegaría policía alrededor de la Prefectura, a condición de que los manifestantes no se acercaran a ella, decenas de universitarias tomaron el edificio.
La policía no salió a reprimir la acción.
Santa Cruz mantiene las protestas desde la semana pasada, cuando allí se cumplió un paro de 48 horas contra el incremento de los combustibles, pero después las protestas mudaron por la exigencia de que se conceda a la región su autonomía.
Bolivia tiene un régimen centralista. Mediante la autonomía, Santa Cruz reclama que se le permita administrar sus recursos y dictar sus propias normas en salud, educación y otras áreas.
En tanto, un grupo de legisladores llegó a Santa Cruz para iniciar negociaciones con el Comité cruceño y las organizaciones empresariales, vecinales y sindicales que nuclea.
Los congresistas llevaron la propuesta de que se deje sin efecto el alza de los carburantes a cambio de que se tramite una ley de hidrocarburos que garantice el ingreso al estado de los recursos que dejará de percibir al no concretarse el alza, informó el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío.
El gobierno había disminuido el miércoles el alza decretada el 30 de diciembre del 23 al 15% en el caso del diesel. Santa Cruz consume entre el 60 y el 70% del diesel nacional y ese fue el argumento que expuso al oponerse al incremento.
Pero conforme pasaron los días, la protesta se centró en el pedido de autonomía.
Mesa señaló, cuando redujo el aumento, que si esa medida no era aceptada, quedaba claro que las protestas tenían un carácter político.
El Comité rechazó la rebaja, y el presidente del organismo, Rubén Costas, pidió la dimisión de Mesa al señalar "el Presidente debe renunciar porque estamos viendo un desgobierno".
Mesa ratificó el viernes a los cuatro ministros censurados por el Congreso por el incremento del precio los combustibles.
El jueves corrieron insistentes rumores de que el Mandatario iba a renunciar, los que fueron desmentidos.
Ese día cerca de mil manifestantes realizaron otra marcha en Santa Cruz, que concluyó cuando grupos de exaltados apedrearon a la policía, que los dispersó con gases lacrimógenos.
En tanto, los alcaldes de nueve de las 10 ciudades más importantes del país firmaron un comunicado en el que respaldan a Mesa y denuncian que en Santa Cruz hay "intentos sediciosos" de "grupos oligárquicos" que buscan la caída de Mesa por intereses sectoriales. El único que no firmó fue el burgomaestre de Santa Cruz, Percy Fernández.
Como parte de las protestas, activistas tomaron media docena de oficinas públicas y desde el jueves pasado unas 200 personas mantienen una huelga de hambre.
También, varias decenas de manifestantes cerraron los accesos al aeropuerto de Viru Viru, que desde el jueves opera parcialmente.
Mesa se sumó el jueves a cientos de fieles protestantes que oraban en la plaza de armas de La Paz. Allí admitió, con la voz quebrada, que pasaba "por un momento crítico".
En tanto, dirigentes de la combativa ciudad de El Alto, vecina a la ciudad de La Paz, advirtieron que no permitirán la caída de Mesa. "Nos levantaremos. No vamos a permitir que Mesa se vaya", dijo el dirigente vecinal Abel Mamani.
Por su parte, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea de Derechos Humanos anunciaron que intentarían mediar entre el Gobierno y el Comité cruceño, pero éste ha condicionado cualquier acercamiento a que se revoque el alza de los combustibles.
