MONTEVIDEO.- Un docente y tres estudiantes de profesorado que provocaron desmanes y se trenzaron a golpes con el personal de seguridad del Congreso Legislativo la semana pasada fueron procesados por la justicia penal este sábado, acusados de desacato.
Los procesados, de quienes no se puede divulgar su identidad por ser primarios, provocaron los incidentes durante una sesión del Senado en el que se aprobó una nueva ley de educación pública el miércoles.
En el momento en que la ley era aprobada con los votos del oficialismo, los manifestantes que estaban en las galerías presenciando la sesión irrumpieron en gritos e insultos contra los legisladores, por lo que el presidente de la Cámara ordenó desalojarlos.
Cuando la policía intentó hacer cumplir la orden, estas personas se resistieron y se trenzaron a golpes con los funcionarios. Todos estaban identificados porque antes debieron dejar sus documentos para ingresar al Palacio Legislativo.
El juez penal Carlos García los interrogó durante la mañana del sábado y dispuso su procesamiento por desacato agravado. No deberán cumplir prisión preventiva, pero en cambio se les ordenó cumplir tareas comunitarias durante seis meses y, además, se les prohibe la entrada a la sede del Congreso por 90 días.
El abogado defensor de los procesados, Gustavo Salle, dijo a la edición en internet del diario El Observador que “el procesamiento es lo de menos, el hecho del Palacio (Legislativo) es un hecho absolutamente nimio, hoy lo comentábamos con el juez. Acá lo trascendente es el sistema educativo que instala esta ley”, que los manifestantes consideran que tiende a formar personas “masificadas, alienadas y programadas” obedeciendo a “presiones del Banco Mundial”.
Los procesados están identificados con corrientes que se oponen al proyecto aprobado en el Congreso con los votos del oficialista Frente Amplio de izquierda, y con votos contrarios de la oposición y de los legisladores del Partido Comunista, que integran el gobierno pero mantienen diferencias en relación con este asunto.
Frente a la sede del juzgado se concentraron unos 200 militantes de la Organización Plenaria Memoria y Justicia, un grupo de izquierda que ha provocado en años anteriores disturbios callejeros y varios “escraches” (un tipo de protesta) frente a domicilios de ex-gobernantes y militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1973 y 1985.
Los militantes se manifestaron pacíficamente esta vez, con cánticos en favor de los acusados y contrarios al gobierno frenteamplista.