Fiscalía ecuatoriana acusa a once militares por muerte de ministra

QUITO.- La fiscalía acusó el lunes de "negligencia" y de "homicidio inintencional" a 11 militares, incluida parte de la ex cúpula aeronáutica, por la muerte en un accidente aéreo de la ministra de Defensa, Guadalupe Larriva, su hija y cinco oficiales.

Las siete personas fallecieron el 24 de enero del 2007 cuando cayeron a tierra dos helicópteros en los que viajaban.

Según una investigación oficial difundida en mayo del 2007, el accidente se produjo por "fallas humanas" y se responsabilizó a los militares de acciones u omisiones de procedimientos de seguridad.

Los imputados son el general retirado Jorge Gavela, ex comandante de la fuera aérea; general retirado Héctor Camacho, ex jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas; otros dos generales, cuatro coroneles, un teniente coronel, un mayor y un sargento.

La hermana de Larriva, Luz Marina, dijo a periodistas que los uniformados "cometieron errores que desencadenaron en una tragedia letal", además de afirmar que su hermana y su sobrina, de 17 años "jamás, por ningún concepto" debían haber abordado esos helicópteros.

El fiscal subrogante, Alfredo Alvear, sostuvo durante la audiencia ante el juez de la causa Luis Abarca, de la segunda sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que esas autoridades militares incurrieron en "negligencia que (se) determina y tipifica como homicidio inintencional".

Ese delito es penado "con prisión de tres meses a dos años y multa de ocho a 30 dólares", dijo Alvear en declaraciones difundidas por el canal Ecuavisa.

Larriva fue nombrada la primera ministra de Defensa en la historia del país y murió diez días después de iniciado el gobierno de Rafael Correa. La defensa de los militares involucrados buscó suspender la audiencia y negó su responsabilidad en el accidente.

Angel Orellana, abogado del general Gavela, dijo que su defendido "no cometió ninguna acción dolosa" durante su carrera.

El proceso seguirá su curso de apelaciones y presentación de pruebas para que el juez emita una sentencia en un plazo no definido.