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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 00:27
BUENOS AIRES.- Armando Lucero (67), el hombre acusado de violar a su hija durante 27 años, y con quien se presume habría tenido siete hijos, se negó hoy a declarar ante un fiscal de la provincia de Mendoza, que lo acusa del delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo".
"Se abstuvo de declarar", informó el fiscal Marcelo Gutiérrez del Barrio tras interrogar al denominado "Chacal de Mendoza" detenido desde el viernes pasado por el abuso de una de sus hijas, actualmente de 35 años, con quien según denunció la mujer habría tenido siete hijos.
De ser hallado culpable, la pena para Lucero sería "el máximo legal, 50 años", dijo el fiscal, quien, sin embargo, advirtió que "estamos comenzando recién la investigación".
Las indagaciones comenzaron hace seis meses, cuando otro hijo de Lucero -cuya identidad se mantiene en reserva- lo denunció ante dos legisladores provinciales, que luego dieron parte a la justicia. Según el joven, Lucero habría violado a su hermana -que no ha sido identificada para proteger su identidad- desde que tenía ocho años. La joven habría tenido siete hijos fruto de esas violaciones sistemáticas.
El diputado Ricardo Puga, presidente de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados local -y quien recibió la denuncia del hermano de la joven- explicó que el joven decidió recurrir a la legislatura tras fallidos intentos anteriores ante la justicia.
"Anteriormente, él había hecho otras denuncias que no tuvieron eco. Una de las razones es que al tratarse de un delito de instancia privada, debe ser denunciado por la víctima. Ella había sido citada por la justicia con anterioridad pero negó el hecho, por lo que la causa no avanzó", dijo Puga.
"Cuando se agotaron todas las instancias el joven llegó a nosotros (...) Primero pensé que era un fabulador, porque era tal la gravedad del hecho que no lo podíamos creer", dijo el diputado.
Puga y una colega, la diputada Alejandra Naman, presentaron la denuncia ante la jueza de menores Elsa Galera, quien citó a declarar a la joven.
"Se le dijo que se le iba a hacer un ADN a los niños (para corroborar si eran hijos de Lucero) y se le advirtió que su hija de 16 años, podría llegar a ser víctima del mismo delito del que ella fue víctima y (Paola) se asustó y ahí confesó los hechos", dijo Puga.
"Ella declaró que sus siete hijos son hijos de su padre (...) La tenía bajo un cautiverio psicológico", añadió.
Recién el viernes pasado, la joven se atrevió a hacer la denuncia formal ante la fiscalía, que ordenó la inmediata detención de Lucero.
En diálogo con un canal de televisión local, el ministro de Seguridad de Mendoza, Carlos Ciurca, indicó que "no se descarta que hayan otras violaciones con alguna de sus hijas teniendo en cuenta que el hombre tiene 14 hijos de dos matrimonios, más los siete que tuvo con su hija como consecuencia de las reiteradas violaciones".
El fiscal indicó que ya se han ordenado los exámenes genéticos para determinar si los siete hijos de la joven fueron concebidos como resultado de las violaciones a las que la sometía su padre, pero afirmó que aún no se puede establecer cuándo estarán listos los estudios porque "la defensa tiene derecho a proponer peritos de control" y tiene un plazo de tres días para hacerlo.
"La víctima desde hace mucho tiempo tenía ganas de darlo a la luz, lo que pasa es que el temor hacía que ella no manifestara el hecho", agregó Gutiérrez del Barrio.
Puga dijo que también pidió al fiscal el procesamiento de la madre de la joven -cuya identidad no fue revelada- "por el delito de complicidad".
"La mujer es empleada del Poder Judicial y como oficial de justicia no puede desconocer la ley e invocar ignorancia", dijo el legislador.
El ministro Ciurca defendió la decisión de revelar el rostro de Lucero, que fue capturado por varias cámaras durante su traslado a los tribunales. "Hemos querido que la población de Mendoza y del país conozca la cara de este hombre", dijo a periodistas.
No obstante, la jueza Galera emitió unas horas después una resolución en la que ordena a los medios de prensa "abstenerse de entrevistar a las personas involucradas en la problemática (...) y difundir nombres, domicilios o cualquier dato del grupo familiar que los identifique (...) que puedan servir para la individualización de los mismos".
