MADRID.- La justicia española imputó a cinco cargos intermedios del administrador de infraestructuras ferroviarias y pidió identificar y citar como imputados a los miembros de las cúpulas de la compañía pública de trenes desde que entró en funcionamiento el tramo en el que tuvo lugar el accidente que costó la vida a 79 personas en julio., cerca de Santiago de Compostela.
El juez que investiga el caso señaló que debe decidir si existían las medidas de seguridad mínimas para autorizar la circulación de trenes por esa vía, una competencia que corresponde a los responsables de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
El magistrado siempre ha mantenido que la principal causa del fatal descarrilamiento fue el exceso de velocidad del maquinista -imputado de múltiples cargos de homicidio por imprudencia-, que circulaba a más del doble de lo permitido en su aproximación a la ciudad gallega de Santiago de Compostela, al noroeste del país.
No obstante, quiere averiguar por qué el sistema de seguridad de la vía no incluía el frenado automático del tren ante un eventual exceso de velocidad, tal y como ocurre en la mayor parte de la red de alta velocidad española.
Poco después del siniestro, en el que murieron 79 personas y más de un centenar resultaron heridas, Adif colocó balizas en la zona capaces de frenar la locomotora en caso de detectar un exceso de la velocidad autorizada.
El tramo Orense-Santiago en Galicia, donde tuvo lugar el accidente, fue diseñado y entró en funcionamiento con el anterior gobierno socialista en diciembre de 2011.
El juez imputó a cinco cargos intermedios y a todos los presidentes y vocales del consejo de administración de Adif desde esa fecha y hasta la actualidad. El número definitivo no se conocerá hasta que la empresa facilite el nombre de todos ellos.
La imputación supone que esas personas están bajo investigación judicial, aunque de momento no se les acusa de delito formal alguno.
