MADRID.- La justicia española solicitó la apertura de una investigación por la publicación el domingo de una foto robada de la declaración de la hija del rey, la infanta Cristina, seguida de la publicación este lunes de un video, pese a la prohibición expresa de tomar imágenes.
El diario "El Mundo" publicó el lunes un vídeo de más de cinco minutos que muestra la sala de audiencias del tribunal de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, donde la infanta respondió el sábado a las preguntas del juez José Castro, en presencia del fiscal y de numerosos abogados.
Un día antes, el rotativo español había publicado una primera foto de la declaración, pese a que el juez Castro había prohibido el 28 de enero cualquier grabación de imágenes y de audio, y había ordenado la entrega de todos los dispositivos de grabación a la entrada del tribunal.
El magistrado ordenó el domingo "al jefe superior de la Policía Nacional en Baleares" la apertura de "una investigación inmediata para averiguar el origen de la imagen" publicada por "El Mundo", indicó el tribunal.
El video de 5 minutos y 23 segundos publicado hoy muestra imágenes inclinadas y movidas de la sala, mientras la infanta, sentada de espaldas, responde a las preguntas del juez.
En varias ocasiones, la hija del rey Juan Carlos, acusada de fraude fiscal y de presunto blanqueo de capitales, responde al juez "no lo recuerdo", "no lo sé" y "desconozco la mecánica", según la transcripción del audio efectuada por el diario.
Durante cinco horas, el juez interrogó a la infanta, de 48 años, sobre su presunta cooperación en las presuntas actividades ilícitas de su marido, Iñaki Urdangarin, imputado junto a un ex socio de malversar 6,1 millones de euros (8,3 millones de dólares) de dinero público.
El juez Castro interrogó a la infanta minuciosamente sobre los gastos personales que aparentemente pagó con dinero de la sociedad Aizóon, una presunta empresa pantalla propiedad de Cristina y su esposo al 50%, que habría servido para la malversación.
Cristina, séptima en la sucesión al trono de España, es el primer miembro directo de la familia real imputado por la justicia. La investigación abierta en 2010 por este caso condujo a la imputación del yerno del rey en diciembre de 2011.
Según los abogados de la acusación popular, la infanta respondió con "evasivas" y se escudó en que "tenía mucha confianza en su marido".
