ONU asegura que Uruguay "no generó una tendencia mundial" tras legalizar la marihuana

VIENA.- Desde la oficina antidrogas de la ONU aseguraron este viernes que no ven, al menos por el momento, que Uruguay haya impuesto una tendencia entre los demás países para legalizar el cultivo, venta y consumo de marihuana.

En un experimento que está siendo observado de cerca por otras naciones que discuten la liberalización de las drogas, el Parlamento uruguayo aprobó en diciembre un proyecto de ley para legalizar y regular la producción y venta de cannabis, convirtiéndose en el primero tomar esa medida.

Con el objetivo de combatir al narcotráfico, el país sudamericano fue más lejos que otras naciones que han despenalizado la posesión o, como Holanda, que permiten la venta de marihuana en "cafeterías".

En los Estados Unidos, Washington y Colorado han legalizado la venta de cannabis bajo licencia, pero las leyes federales que lo prohíben aún están vigentes.

Yury Fedotov, jefe de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD), dijo que por ahora "no ve a otros países siguiendo el ejemplo de Uruguay".

El funcionario se refirió al asunto al final de una reunión internacional de los estados miembros de Naciones Unidas donde se revisó la implementación de un plan de 2009 para el combate al problema de las drogas, antes de una sesión especial de la Asamblea General del organismo en 2016, en medio de un acalorado debate sobre la liberalización.

"Hasta ahora no veo a ningún otro país o grupo de países que estén siguiendo el camino que ha tomado Uruguay. Es difícil de decir, pero no veo una tendencia ahora", agregó.

Fedotov, quien esta semana dijo que la legalización no es la solución al problema mundial de las drogas, subrayó que no cree que la nueva legislación en Uruguay sea compatible con "la letra y el espíritu" de las convenciones internacionales.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) ha dicho que la nueva ley uruguaya contradice la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, donde se solicita a los estados limitar el uso del cannabis a fines médicos y científicos, considerando la dependencia que puede generar.