OKLAHOMA- Un asesino condenado a muerte en Estados Unidos falleció de un paro cardiaco tras sufrir durante casi una hora debido a un fallo que se produjo durante su ejecución en Oklahoma.
Clayton Lockett, de 38 años y que había matado a una mujer de 19 años, debía ser ejecutado el viernes pasado cerca de Oklahoma City (Oklahoma) con una inyección letal. Sin embargo, cuando le estaban inyectando uno de los tres medicamentos se reventó una vena, informó hoy el canal KFOR-TV.
El hombre permaneció consciente, removiéndose en la camilla mientras luchaba por respirar, hasta que murió 43 minutos después de haber recibido la primera inyección y una vez que el director de la prisión hubiese ordenado detener la ejecución.
Las autoridades judiciales de Oklahoma explicaron que el cóctel de medicamentos no actuó como se esperaba y que uno de ellos no llegó a entrar en el torrente sanguíneo del reo. Una segunda ejecución prevista para esa misma tarde fue cancelada a causa del incidente.
La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, ordenó una investigación de los hechos y suspendió las ejecuciones durante las próximas dos semanas. La política exigió estudiar sobre todo la dosis de las drogas inyectadas. También la fiscalía está investigando el hecho.
Los abogados de Lockett habían pedido información sobre las drogas usadas en la ejecución, pero la Corte Suprema del estado se negó alegando que había que proteger a los fabricantes de los medicamentos con los que se produce la pérdida de conocimiento y se provoca que la persona deje de respirar.
La abogada del hombre que iba a ser ejecutado después de Lockett fue lapidaria con las autoridades. "Clayton Lockett fue torturado hasta la muerte", afirmó Madeline Cohen.
También reclamó una investigación independiente. "No hay duda de que tenemos que tener respuestas completas de qué fue lo que marchó mal", dijo, y exigió que las autoridades den información sobre las drogas usadas, su procedencia y efectividad.
También la oficina regional de la organización estadounidense de derechos humanos ACLU condenó los procedimientos y sobre todo el secretismo de las autoridades sobre los medicamentos usados. "Nuestro estado se avergüenza ante la nación y el mundo", comentó un comunicado la ACLU.
