María Servini concluyó su trabajo en España.
EFEMADRID.- La jueza argentina María Servini de Cubría, que investiga los crímenes de la dictadura y la guerra civil españolas, toma declaración este jueves en Madrid a dos víctimas del franquismo, al término de su visita de dos semanas a España.
La magistrada federal argentina, que llegó sobre las 10:20 hora local (04:20 hora de Chile) a la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), tomará declaración a Teresa Álvarez Alonso, de 93 años, y a Faustina Romeral Cervantes, de 90, acompañada por el juez español Fernando Andreu.
Las dos víctimas habían llegado poco antes que la jueza, acompañadas por sus abogados.
Los dos hermanos de Teresa Álvarez, su padre y su abuelo paterno fueron perseguidos por el franquismo, según informó la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), que agrupa a unas cien asociaciones de víctimas.
Faustina Romeral fue detenida cuando tenía 15 años, junto a sus padres. Su padre fue asesinado y su madre encarcelada. Ella fue liberada, aunque volvería a sufrir prisión entre 1947 y 1953, según la misma fuente.
A estas declaraciones asistirá también el fiscal argentino Ramiro González, que se ha incorporado hace menos de un mes al caso, según CEAQUA.
A las puertas de la Audiencia Nacional se había concentrado un grupo de víctimas del franquismo, que coreaban consignas como "¡Hay que juzgar al franquismo criminal!" o "¡Tenemos memoria!".
La jueza Servini prácticamente finaliza con estas declaraciones su investigación en España, donde desde el pasado 19 de mayo se ha entrevistado con víctimas del franquismo en el País Vasco, Andalucía y Madrid.
Las asociaciones de víctimas acudieron a Argentina, recurriendo a la justicia universal, por las dificultades para llevar el caso ante la justicia española, escudada en una ley de Amnistía de 1977 que, en un esfuerzo por allanar el camino hacia la democracia, cubrió "todos los actos de intencionalidad política" anteriores a ese año.
En diciembre, un grupo de querellantes viajó a Argentina para testificar ante Servini, quien en septiembre pidió además que se abriesen los consulados de su país en todo el mundo para recibir denuncias.
Las asociaciones de víctimas calculan más de 110.000 desapariciones forzosas y hasta 300.000 bebés robados durante el pediodo investigado.
