WASHINGTON.- Un tribunal federal de apelaciones consideró que muchos de los subsidios otorgados por el Gobierno federal a través de la nueva ley de cuidado de salud son ilegales, lo que puede suponer el más serio revés para la reforma sanitaria impulsada por el Presidente de EE.UU., Barack Obama.
La sentencia afecta a unos 4,7 millones de personas, de ingresos bajos o medios, que compraron sus seguros médicos subvencionados por el Gobierno federal en 36 estados de EE.UU.
El fallo, con dos votos a favor de los demandantes y uno en contra, considera que la ley, tal y como fue redactada, sólo permite la concesión de esos subsidios federales en aquellos estados del país que cuenten con sus propios mercados de seguros médicos.
Los demandantes argumentaron ante el panel de tres jueces que la ley de salud estipula que los subsidios federales estarán disponibles para aquellos "que se hayan inscrito a través de un seguro en el Estado".
Los tribunales de primera instancia que habían entendido el caso fallaron a favor del Gobierno, al considerar que la intención del texto legislativo es que las subvenciones estén disponibles en todos los estados, algo que se desprende de la ley por el contexto.
Pero en su sentencia de hoy, los jueces de apelación consideraron que no puede accederse a los subsidios del Gobierno federal, si el estado de residencia no ha puesto en marcha su propio mercado de seguros privados.
Millones de estadounidenses de escasos recursos dependen de los subsidios concedidos en virtud de la ley de cuidado de salud asequible (ACA) para poder cumplir con la obligación legal de disponer de un seguro médico privado.
La ley de salud de Obama ha pasado por numerosos escollos desde que fuera promulgada en 2010, enfrentando la fuerte oposición republicana y numerosas demandas privadas en diferentes frentes, así como los fallos de implantación del nuevo mercado de seguros médicos a finales del año pasado.
La sentencia, si se confirma, podría ser más dañina para la reforma de salud promulgada por Obama que la emitida por el Supremo el mes pasado y que exoneró a ciertas empresas de pagar por los planes anticonceptivos de sus empleadas.
El Gobierno puede todavía recurrir el fallo ante la sala plenaria de la propia corte y la cuestión podría, eventualmente, llegar al Tribunal Supremo.
