SANTIAGO.- Minutos después de conocer la determinación del juez Mario Carroza, el Gobierno evitó ahondar en mayores precisiones acerca del arresto del general (r) Patricio Campos, y dijo que serán los tribunales de Justicia los encargados de esclarecer si éste obstruyó o no la acción de los tribunales.
Tanto el ministro Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, como el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, declararon que debe ser la investigación que lleva adelante el juez Mario Carroza la que determine la responsabilidad del general Campos en esta causa.
Siguiendo con la línea que ha instaurado el Gobierno, el vocero de La Moneda dijo desde el Congreso en Valparaíso, que el Ejecutivo no se pronuncia respecto de los fallos judiciales.
"En un estado de derecho el Ejecutivo no debe pronunciarse sobre los fallos de la Justicia, por lo tanto ésta es una investigación en curso, hay una decisión del juez de detener preventivamente al general Campos de modo que la Justicia debe operar. Siempre hemos dicho que la última palabra en definitiva la tienen los tribunales, en este sentido las instituciones democráticas están funcionando y nos satisface que las instituciones democráticas funcionen y eso debe apuntar al esclarecimiento de la verdad que es en definitiva lo que más importa en este caso tan bullido".
Información entregada por el propio Gobierno
En Santiago, en tanto, Correa Sutil explicó que el magistrado decidió detener al renunciado general tras llevar adelante una investigación que, apoyada entre otras cosas por la información entregada por el propio Gobierno, lo hacen sospechar que Campos obstruyó la acción de la Justicia.
"El gobierno ve con buenos ojos el esclarecimiento de estos hechos, pues creemos que hay una deuda con los familiares y con el país, respecto de saber con claridad cuál es la suerte corrida por los detenidos desaparecidos. Creemos que hay una obligación moral y jurídica de entregar esa información a los tribunales, como así también creemos que quienes obstruyen la acción de la justicia deben ser sancionados", dijo el subsecretario del Interior.
El personero de Gobierno evitó referirse a si el comandante en Jefe de la FACh, Patricio Ríos, debiera presentar su renuncia al cargo luego de la determinación del juez Carroza. Insistió en que el Presidente Lagos ya entregó su opinión acerca del informe que el uniformado le remitiera por la presunta rearticulación del Comando Conjunto y por la forma en cómo esta institución recopiló y entregó los datos a la Mesa de Diálogo.
Opina ministra de Defensa
La ministra de Defensa, Mitchele Bachelet, también opinó en el debate, y desde Washington mediante una teleconferencia dijo que fue informada este mediodía por dos vías: tanto por la prensa como por el subsecretario de Aviación, Isidro Solís.
"Estoy informada de esta noticia (...), pero no me parece prudente que yo emita ningún pronunciamiento dado que desconozco mayores detalles a ese respecto", sostuvo Bachelet, quien aseguró que se dirigirá a la prensa apenas tenga una información acabada de los hechos.
Pese a lo anterior, la titular de Defensa agregó que "cuando el Presidente de la República tomó la decisión de entregar el informe a la Justicia era para que ella hiciera su trabajo".
Respecto a la eliminación del descuento a los funcionarios de las Fuerzas Armadas para costear la defensa de los involucrados en violaciones a los derechos humanos, la secretaria de Estado dijo que si bien cada persona tiene derecho a la legítima defensa, lo que le corresponde al Gobierno es garantizar que cualquier iniciativa en esa dirección no ampare la obstrucción a la justicia.
