SANTIAGO.— Familiares de víctimas de la represión en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, atestiguarán en su contra durante el próximo juicio de extradición a Perú, según anunciaron hoy en Santiago.
"No tenemos dudas de la participación, de la responsabilidad, de la complicidad de Fujimori en los crímenes de nuestros familiares", dijo Gisela Ortíz, hermana de Enrique Ortíz, una de las víctimas universitarias de La Cantuta, en el año 1992.
Ortíz fue la única de las víctimas cuyo cadáver, con cuatro balas en la cabeza, fue dejado intacto. Los otros cuerpos fueron calcinados.
Gisela Ortíz señaló que los asesinatos fueron cometidos por el grupo represivo Colina, cuya formación se atribuye a Fujimori y a sus cercanos colaboradores, Vladimiro Montesinos y al general Nicolás de Bari Hermoza.
Otro caso, que fue reabierto en Perú, en que también se le atribuye responsabilidad al grupo Colina es en la matanza de Barrios Altos, donde unas 50 personas aparecen implicadas en ese caso, entre ellas Montesinos.
En La Cantuta nueve estudiantes y un profesor universitarios fueron secuestrados y asesinados, y en Barrios Altos fueron ultimadas 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, en noviembre de 1991.
Gisela Ortíz señaló, junto a organizaciones y abogados chilenos de derechos humanos, que se están designando letrados chilenos para hacerse parte en el proceso de extradición y entregarán sus testimonios en las audiencias públicas.
Por su parte, el abogado chileno Hiram Villagra señaló que la participación de los familiares impedirá que se puedan restringir las causas de extradición de Fujimori sólo a la corrupción que se le imputa.
Velatón frente a la Escuela de Gendarmería
Los activistas de derechos humanos convocaron para esta noche a una "velatón" frente a la Escuela de Gendamería, donde desde el lunes se encuentra Fujimori en reclusión provisional a la espera que se formalice por Perú el pedido de extradición para dar comienzo al juicio por esa causa.
El magistrado Orlando Alvarez, de la Corte Suprema, será el encargado de sustanciar el proceso y dictar sentencia en primera instancia, resolución que deberá ser ratificada o rectificada por la sala penal del máximo tribunal.
