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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 16:09
SANTIAGO.- El ministro de Salud, Álvaro Erazo, anunció hoy la incorporación de un veto aditivo que complemente aspectos no considerados en el proyecto de ley que prohíbe que instituciones de salud exijan como garantía un cheque o dinero en efectivo, como condición para ser atender pacientes.
“Hemos hablado con el ministro José Antonio Viera Gallo, con el objetivo de presentar una indicación, firmada por la Presidenta de la República que permita corregir el vacío que se produce en esta iniciativa legal, que ha contado con el apoyo unánime de la Cámara de diputados y del Senado”, indicó el titular de Salud.
El secretario de Estado señaló que el planteamiento del Ejecutivo apunta ahora a conseguir un mejor proyecto de ley, que permita disponer fiscalización y sanciones.
El proyecto de ley tiene como objetivo eliminar la exigencia del cheque como único medio de garantía para prestaciones médicas que no son de urgencia vital, como las intervenciones electivas o exámenes.
Es así que para intervenciones como hernia o apendicitis, o un scanner, los establecimientos de salud no van a poder exigir el cheque como único medio de garantía sino que el paciente va tener la posibilidad de usar tarjetas de crédito, pagarés, carta de respaldo del empleador, entre otros documentos, ampliando los instrumentos de garantía.
“Lo importante es que la gente no estará obligada a entregar un cheque, como ocurría hasta ahora, ya que la ley sólo prohibía la exigencia de éste en los casos de urgencias vitales y no en otro tipo de prestaciones”, informó el ministro Erazo. “Este proyecto de ley, avanza en el sentido de dar equidad, dar protección y establecer reglas claras entre prestadores y las personas aseguradas”, sostuvo.
El secretario de Estado aseguró que si todo resulta según lo planificado y se cuenta con la voluntad de todos los parlamentarios, el proyecto podría estar listo en el plazo de un mes.
El Superintendente de Salud, Manuel Instroza, señaló ayer que el proyecto fue aprobado por el Parlamento sin incluir mecanismos de fiscalización ni sanciones. La inclusión del veto aditivo por parte del Gobierno, el cual debe ser aprobado por el Congreso, perfecciona la norma.
