SANTIAGO.- En prisión preventiva quedó este mediodía el estudiante de último año de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, Dan Alberto Díaz Fuenzalida (24), quien fue detenido ayer por Carabineros, tras participar en el asalto a una casa de un narcotraficante en Pedro Aguirre Cerda junto a otros cuatro sujetos.
Al momento de ingresar a la sala de audiencia, los cinco imputados cubrieron sus rostros con sus manos y ropas, manteniéndose de esa forma durante toda el trámite. Se trata de Mauricio Pino Jofré (23), Ronald Astorga Obreque (27), Omar Taha Moya (30) y Oliver Betancourt Peralta (31), además del universitario.
Durante la audiencia el fiscal Marcos Emilfork leyó la declaración de tres de los imputados, quienes señalaban que fue el estudiante de Derecho quien los contactó para perpetrar el atraco, ya que él tenía el dato de que había siete millones de pesos en la casa asaltada.
Además, leyó la declaración de Díaz, en la que reconoce que en la mañana de ayer se encontró con los otros sujetos para perpetrar el asalto y que fue él quien compró un "napoleón" -herramienta para cortar cadenas- con su tarjeta de crédito para poder ingresar a la casa.
Sin embargo, el fiscal sostuvo que tras declarar ante él, el estudiante no quiso firmar su versión de los hechos.
Emilfork agregó que el imputado nunca entró a la casa, sino que se quedó siempre en el vehículo, y que mostraba mucho arrepentimiento por la situación.
El fiscal sostuvo que Díaz, a quien le quedan sólo dos ramos para terminar su carrera, mantenía antecedentes por amenazas y lesiones leves, mientras que otros dos imputados tenían antecedentes por robo con sorpresa, circulación de billetes falsos y órdenes pendientes por robo con sorpresa y lesiones menos graves.
Todos los imputados todos fueron formalizados por el delito de robo con intimidación, mientras que a Taha, Astorga y Betancourt también se les presentaron cargos por porte ilegal de armas, ya que fueron detenidos con dos revólveres y una pistola nueve milímetros.
En el caso del último imputado se le sumó el delito de receptación, debido a que el arma que portaba mantenía un encargo por robo desde el 7 de enero de 2007 en la comuna de Las Condes.
Por su parte, el defensor Andrés Piñeiro se opuso a la prisión preventiva, señalando que no había existido concertación para cometer el delito, a lo que se suma la inexistencia de antecedentes para vincularlos en el ilícito.
Tras la entrega de antecedentes, la jueza Silvia Caro los dejó en prisión preventiva señalando que con los antecedentes entregados por la fiscalía, ya se encuentra acreditada la existencia del robo con intimidación, y que hay presunciones fundadas de su participación en el atraco. Además, los calificó como un peligro para la sociedad porque actuaron en grupo o pandilla, y por la forma violenta en la que se cometió el ilícito.
Ahora la Fiscalía Metropolitana Sur tiene 90 días para realizar la investigación.