Zaldívar y Kodama: "Podría existir asociación ilícita, cohecho y malversación de fondos"

SANTIAGO.- El jefe de bancada de los senadores DC, Andrés Zaldívar, señaló que el caso Kodama podría presentar el delito de "asociación  ilícita" y lo comparó con el caso Riggs, en el cual se investigó a Augusto Pinochet por un monto cercano a los 30 millones de dólares.

"En este país –señaló- sólo hemos conocido un acto de esta magnitud, el caso Pinochet, donde se pasó 30 millones de dólares al Banco Riggs y no pudo ser sancionado porque falleció, y el caso Minvu-Kodama son 35 millones de dólares… unos de los actos de defraudación más grandes que se conocen y que gracias a Dios fue frustrado, aunque el Estado podría ser obligado a pagar".

Las declaraciones del parlamentario opositor se producen tras conocerse el informe de la Contraloría, que determinó que el Ministerio de Vivienda (Minvu) le adeuda poco más de $131 millones a la constructora, cifra que dista bastante de los $17 mil millones que el Serviu se había comprometido a pagar por concepto de gastos extras en que la empresa incurrió durante la construcción de un corredor del Transantiago.

"El alcance del dictamen del Contralor va más allá de lo que se ha dicho, porque  aquí hay una cosa más grave y el Ministerio Público tiene que resolverlo", dijo Zaldívar, agregando que "tras leer el informe está claro que es mucho más grave que lo que se ha dicho, porque el Contralor da las bases para demostrar que ha habido la intención de un delito frustrado, ha habido tentativa de cometer un delito de cohecho y de malversación de fondos públicos y se han asociado".

Además, Zaldívar aclaró que por lo mismo se podría llegar a determinar que "habría asociación ilícita entre los funcionarios de la confianza de la Ministra y los personeros de la empresa que consensuaron un procedimiento judicial para tratar de evadir el control de la Contraloría y aprovecharse de la ingenuidad y de la poca responsabilidad de la Ministra… que firmó el decreto".

Al respecto, el parlamentario explicó que el "Gobierno no está exento de responsabilidad, puesto que hay un acto jurídico que está ejecutoriado y puede obligar al Estado a pagar la suma pactada, entonces, aquí hay una cosa más grave y el Ministerio Público tiene que resolverlo y podrían haber querellas para perseguir la tentativa de delito frustrado, cohecho y de malversación de fondos públicos".