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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 10:00
POZO ALMONTE.- El fiscal regional de Tarapacá Manuel Guerra descartó la intervención de cualquier otro poder del Estado en la última decisión adoptada por el Ministerio Público respecto a las salidas alternativas ofrecidas a los conscriptos bolivianos.
Según expuso tras la audiencia, la responsabilidad sobre la suspensión condicional del procedimiento es suya y no tuvo injerencia el fiscal nacional Sabas Chahuán.
"No ha intervenido ningún otro poder del estado, han sido enfáticas todas las autoridades del Poder Ejecutivo, inclusive el Poder Judicial y en el fondo lo que se busca es que operen las instituciones procesales que están en nuestra legislación", aseguró.
"La decisión es enteramente del fiscal regional, el fiscal nacional carece de facultades para dar instrucciones particulares a los fiscales regionales del Ministerio Público", agregó, manifestando que "obviamente le comento lo que estábamos haciendo porque el caso tiene cierta trascendencia, pero la decisión de someterlos a esta salida es enteramente de este fiscal regional".
Guerra también descartó que dicha salida sea un revés para el Ministerio Público, argumentando que "nosotros cuando cerramos la investigación siempre dijimos que no descartábamos ninguna salida. Nuestra propuesta ese día fue porque nos pareció la más adecuada, pero nunca descartamos nada".
Respecto a por qué finalmente se accede a ofrecer la suspensión condicional del procedimiento para los tres soldados, el fiscal detalló que "la pena que nosotros podíamos alcanzar en un juicio oral de haberse extendido este proceso, tenía un efecto similar que al que se alcanza con la suspensión que es la salida de ellos del territorio de la República".
Asimismo, manifestó que entre los puntos que tomó en consideración para ofrecer la misma salida alternativa para los tres militares -a diferencia del lunes que sólo se ofreció a 2-, tomó en cuenta el hecho de que las medidas cautelares a que quedaron sujetas eran más complejas que la que cumplían hasta entonces, puesto que significaba la vigilancia de otras instituciones.
"En caso alguno, se exponían ellos a la posibilidad de que en caso de una condena tuviesen que cumplirla en un recinto de privación de libertad, ese análisis lo hicimos luego de la audiencia del lunes", continuó.
"Pero luego, a efectos de no extender este proceso por a lo menos 60 días, nos pareció que lo más conveniente era tomar esta decisión que se ajusta a la legalidad", dijo.
Por último, destacó que dicha salida propuesta no significa que los hechos por los cuales fueron investigados los uniformados no sean constitutivos de delito.
