CDE amplía querella contra ex jefe de Obras de Recoleta por cohecho con inmobiliaria

SANTIAGO.- El Consejo de Defensa del Estado presentó ayer una ampliación de querella en contra del ex jefe de Obras de Recoleta, Carlos Reyes, por un nuevo delito de cohecho por el que fue formalizado el ex funcionario público el pasado 31 de julio.

Hoy, en un juicio abreviado, Reyes fue declarado culpable ya de un total de 10 delitos relacionados con pagos de diversas empresas a cambio de "omitir actos" que les permitieran operar en la comuna y que, según estableció la Fiscalía, alcanzan $114 millones.

A este juicio, se suma la ampliación de querella, según se detalla en el documento al que tuvo acceso Emol, y que tiene relación con haber recibido beneficios económicos de parte de Enrique Herrera Rodríguez, socio y representante legal de la sociedad Desarrollo Inmobiliario Bellavista / Inversiones Laguna Blanca Dos S.A., ligada a la Universidad San Sebastián.

Lo anterior, a cambio de "omitir actos debidos propios de su cargo y por ejecutar actos con infracción a los deberes de su cargo”.

De acuerdo a la acción judicial -ingresada con fecha 5 de agosto al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago- Herrera habría pagado por rebajar el monto de los derechos municipales correspondientes al uso de la rampa de acceso vehicular de los estacionamientos subterráneos del Proyecto Universidad San Sebastián y que está tipificada como un bien nacional de uso público del cual se deben pagar los derechos municipales correspondientes.

Estos, según detalla el escrito, se renuevan automáticamente cada cuatro años, y es en este contexto donde Herrera efectúa un reclamo ante la Dirección de Atención del Contribuyente en el primer trimestre del año 2012 sobre el excesivo pago que dicha casa de estudios  estaba efectuando por concepto de ocupación del bien nacional de uso público.

La querella agrega que es en marzo de 2012 cuando Enrique Herrera -a fin de materializar el nuevo pago por el derecho de uso del bien nacional- se entrevista con Carlos Reyes y le señala que la institución estaba con problemas. Esto, con el objetivo de que la alcaldesa de entonces, Sol Letelier, ampliara el permiso sobre la rampa manifestándole que con la rebaja en el pago del derecho "se estaban ahorrando mucho dinero", enfatizando que a cambio le pagaría la mitad de lo no desembolsado correspondiente a la suma de $14.485.000, monto que Reyes habría aceptado, aunque éste pago no se habría concretado.

En el escrito, el Consejo de Defensa del Estado solicitó además nuevas diligencias al Ministerio Público, entre ellas, la citación a declarar a los ex alcaldes de Recoleta Sol Letelier y Gonzalo Cornejo, además de Enrique Herrera, quien es involucrado en dicha acción judicial.