SANTIAGO.- La Asociación Regional de Magistrados de San Miguel rechazó las críticas esgrimidas por distintos sectores contra los titulares del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, y en particular el juez de Garantía Luis Avilés, en torno a
la captura de dos chilenos en España tras un atentado ocurrido en ese país.
Ambos sospechosos habían sido absueltos en Chile en el marco del llamado "caso Bombas".
Al respecto, la entidad, en un comunicado suscrito por el presidente de la agrupación, Alejandro Huberman, consideró que los cuestionamientos a los magistrados se insertan en una serie de imputaciones contra jueces, "imaginamos que con el objeto de validar el 'observatorio judicial', idea que creímos ya desechada por inconstitucional y carente de fundamento".
"Hacemos presente a la opinión pública que en la sentencia absolutoria a que se hace referencia en el 'caso Bombas' se rechazo la acusación fiscal contra esos imputados porque la prueba aportada por el Ministerio Público era insuficiente", afirmó la asociación.
Dicha decisión "en su oportunidad fue revisada por los Tribunales superiores, manteniendo la decisión de absolución por delitos terroristas", enfatizó, en una declaración emitida este jueves.
Ataques "espurios"
La asociación de magistrados de San Miguel recordó que la función de los tribunales penales reside en establecer hechos que revistan el carácter de delito y aplicar las sanciones correspondientes.
"La sentencia no constituye una declaración de valor respecto a ese individuo, no se convierte en una calificación de maldad o bondad del condenado o absuelto", señaló.
De esta manera, agrega, la conducta posterior al fallo, "buena o mala, no puede ser prevista por el juez, ni son de su responsabilidad las actuaciones que realicen los imputados una vez absueltos o, en su caso, después de haber cumplido condena", recalcó.
"Ello constituiría una negación absoluta de la libertad y autodeterminación de las personas, sometiendolas a un juicio de valor sobre su comportamiento futuro, para determinar la sanción por los hechos en que se le juzga", agregó.
La entidad manifestó su "repudio" a declaraciones que, a juicio de la organización, no tienen como objetivo mejorar el Estado de Derecho sino "atacar, con fines espurios, la actuación de los magistrados".
"Es importante dejar constancia que este tipo de ataques contra la independencia del Poder Judicial y sus integrantes ponen de manifiesto la vigencia y justeza de las reservas hechas valer en su oportunidad respecto del denominado 'Observatorio Judicial' y merecen nuestro más enérgico repudio, a la vez que nos motivan a seguir desarrollando nuestras tareas jurisdiccionales con prescindencia de intromisiones indebidas", declaró.
