Quieres ver tu clima local?
Mostrar
Santiago: Jueves 18 de abril del 2024 | Actualizado 21:05
SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió este martes los argumentos de la Fiscalía y mantuvo en prisión preventiva a Enrique Kittsteiner, uno de los ex funcionarios públicos imputados como autor de malversación de caudales públicos en la intendencia regional.
La decisión fue adoptada por los ministros de la primera sala, quienes se pronunciaron a propósito de la apelación efectuada por el imputado a la decisión del tribunal de garantía que la semana pasada lo mantuvo con esa medida cautelar a solicitud del órgano persecutor.
"Valoramos esa decisión, que responde a la solicitud de la Fiscalía de que se mantuviera la prisión preventiva por constituir la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad, atendida la naturaleza del delito", dijo el fiscal Claudio Rebeco.
Formalización
Por otra parte, el persecutor José Uribe formalizó esta jornada por delitos reiterados de estafa al Fisco a Luis Vásquez, quien además es presidente regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef).
El imputado, en calidad de representante legal de una empresa de consultorías y gestión denominada Genes, entre 2011 y 2012 contactó y reclutó a grupos comunales o de beneficencia para la elaboración y presentación de proyectos que podían ser financiados con cargo al fondo nacional de desarrollo regional.
En ese contexto, participó en la postulación de al menos cinco proyectos por $100 millones aproximadamente, a través de los cuales se habría perjudicado al Fisco entre 40 y 50 millones por la vía -en algunos casos- de simulación de postulantes o de fondos abultados para actividades de adultos mayores y deportes, a efectuarse en Quillota y La Calera.
El fiscal Uribe informó que esta es la primera formalización en la arista referida a esos proyectos y anunció que en los próximos días se concretarán otras audiencias en el mismo sentido.
"Estamos trabajando intensamente, encargando diligencias, peritajes e incluso contactando con la PDI a cientos de personas involucradas", dijo.
En la misma audiencia, el tribunal de garantía aprobó la propuesta de la Fiscalía de suspender condicionalmente el procedimiento para Carlos Toledo de la Maza y su hijo, Carlos Toledo Herrera, imputados por encubrimiento de malversación de caudales públicos por unos 8 millones de pesos en una de las primeras aristas de la causa.
Esta salida alternativa fue adoptaba porque los imputados reunían los requisitos que establece la ley para optar a la misma, y particularmente porque ya habían pagado una indemnización a beneficio estatal por 8 millones de pesos.
El tribunal impuso algunas condiciones que deberán ser cumplidas durante un año por los imputados, para que la causa sea sobreseída respecto de ellos.
Asimismo se fijaron medidas cautelares reales sobre el vehículo de otro de los funcionarios públicos imputados y en prisión preventiva, Claudio Uribe, quien era jefe del Departamento de Finanzas del gobierno regional y que también habría intervenido en los hechos que se investigan como malversación de caudales públicos.
