Incendio en Cárcel de S. Miguel: Ex director de Gendarmería responsabiliza a jefes regionales

SANTIAGO.- Por más de tres horas, el ex director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, declaró este jueves como testigo del Ministerio Público en el juicio oral en contra de los ocho gendarmes acusados por cuasidelito de homicidio por la muerte de 81 reos tras el incendio ocurrido en la Cárcel de San Miguel la madrugada del 8 de diciembre de 2010.

En su testimonio, el ex directivo se desligó de cualquier responsabilidad administrativa respecto a la falta de procedimientos en que -según establece la Fiscalía Metropolitana Sur en su acusación- habrían incurrido esa noche los acusados, enfatizando que al momento de los hechos, quienes estaban a cargo de la seguridad de dicho penal era la Dirección Regional Metropolitana y algunos subdirectores y directores operativos de la misma jurisdicción.

Asimismo, aseguró que -de acuerdo a su experiencia como defensor público y como director nacional de la institución- la tenencia de elementos combustibles dentro de los centros de detención era un riesgo permanente, lo que confirmaría la tesis del ente persecutor penal que establece que el día de la tragedia no se efectuó la alerta oportuna a pesar de que los gendarmes estaban en conocimiento de los hechos que estaban ocurriendo, de la tenencia de combustibles y de la ingesta de alcohol artesanal que los mismos internos elaboraban.

Para el fiscal regional Sur, Raúl Guzmán -que encabeza el equipo de abogados a cargo de la investigación- el testimonio de Masferrer -que se prolongaría por al menos cuatro días- es "relevante", ya que entre los antecedentes que se ventilaron ante el tribunal "él ha señalado que existía una serie de documentos con obligaciones las cuales no fueron cumplidas por quienes hoy enfrenta la acusación del Ministerio Público".

"Existe toda una normativa legal a contar del año 2010 que radica en una serie de obligaciones y crea una serie de cargos que establecen estas obligaciones en el director regional y en algunos subdirectores y directores operativos regionales, en ese sentido, esas obligaciones son las que nosotros entendemos que se incumplieron y de esa forma se genera la responsabilidad penal que hoy se persigue a través de este juicio", detalló.

Lo anterior, en relación a la Ley 20.426 firmada en 2010 por la presidenta Michelle Bachelet y que moderniza Gendarmería de Chile, incrementando su personal y readecuando las normas de su carrera funcionaria.

Dicha normativa modificó y creó tres nuevos cargos -director regional, director operativo regional el jefe de régimen interno- con el objetivo de que las obligaciones que en la legislación anterior podían transferirse al director nacional de la institución, pasaran a manos de los directores regionales y subdirectores operativos de cada jurisdicción.

Su declaración ratifica que no había recursos

Para el defensor público Juan Pablo Gómez, quien representa a los centinelas acusados, el relato de la ex autoridad de Gendarmería "ratifica que en la institución no habían recursos ni siquiera para alimentar a los internos".

"Si pensamos que no había dinero suficiente para alimentarlos, qué se espera de los elementos y capacitaciones contra incendios, es decir, aquí existía una pobreza franciscana para proveer a este nivel de contingencia", mencionó.

El juicio con el que el Ministerio Público busca acreditar el actuar negligente de los imputados, específicamente de los cuatro centinelas que se encontraban en el lugar cumpliendo funciones el día de los hechos y que –de acuerdo a los antecedentes recabados- habrían omitido deberes y obligaciones al no adoptar los procedimientos correspondientes, ya se extiende por casi siete meses y aún queda que expongan sus pruebas la parte querellante y las defensas.

Tras el proceso, la Fiscalía espera poder condenar a una pena de 5 años y un día de reclusión mayor en su grado mínimo a José Francisco Poblete, Fernando Andrés Orrego y Francisco Javier Riquelme, mientras que para los acusados Patricio Álex Campos, el alcaide del penal Segundo Sanzana, el director metropolitano Carlos Bustos, Patricio Campos, Jaime San Martín y José Hormazábal solicitó un castigo de 7 años de reclusión mayor en su grado medio.