Muerte en furgón policial: Corte Marcial solicita antecedentes a fiscal militar de Rancagua

SANTIAGO.- La Corte Marcial decidió solicitar los antecedentes de la investigación que lleva el fiscal militar de Rancagua, Carlos Muñoz, antes de resolver si acoge o no la solicitud de un ministro en el caso del hombre que murió al interior de un furgón policial en esa ciudad, la semana pasada.

La información fue entregada a Emol por el abogado Cristián Cruz, quien junto a Boris Paredes representan a la familia del fallecido comerciante Jorge Aravena, los que realizaron la petición ante la "conmoción pública" que ha causado el hecho y porque a su juicio existe el delito de torturas o secuestro con resultado de muerte.

"Antes de resolver los jueces deciden tener más antecedentes. O sea no solamente la denuncia de la familia, sino que también la investigación que lleva el fiscal militar, que se inició con la muerte. Además de los hechos, también está la eventual falsificación de instrumento público", sostuvo Cruz, quien agregó que se espera que la próxima semana esté resuelta la solicitud.

El profesional agregó que en el escrito presentado la semana pasada, se solicita también poder conocer el sumario a fin de leerlo y estudiarlo, así como también la realización de alrededor de 20 diligencias, que van desde conocer la temperatura en Rancagua el martes 18 de febrero, hasta comunicaciones e informes, entre otros.

El abogado también se refirió a la eventual falsificación de documentos por parte de los funcionarios que detuvieron al comerciante, calificando como "muy grave" la situación.

"Nos enfrentamos a un delito de suma trascendencia. Un delito perseguible no solo en Chile, sino que en toda la esfera internacional, que es la tortura y en definitiva la muerte de la persona, y nos encontramos que para tapar un hecho siguen cometiendo otros ilícitos. Como sea la fe pública está puesta en duda", afirmó.

Cruz recordó que cuando un delito es cometido por funcionarios policiales, éstos tienen una gravedad aún mayor, ya que sobre ellos recae la fe pública y el resguardo de la ciudadanía.

"Ellos son garantes y en definitiva auxiliares de la administración de Justicia y conocen todo el entramado como para alterar, si quisiesen, los hechos", finalizó.