Siete años de presidio para imputada que lanzó agua hirviendo a su novia

SANTIAGO.- El Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Puerto Aysén resolvió condenar a María Magdalena Carvajal Rivera (57) a la pena de siete años de presidio -sin beneficios- como autora del delito de lesiones graves gravísimas en perjuicio de una víctima de 27 años, a quien lanzó agua hirviendo en 2012.

Producto del ataque, la mujer resultó con deformidad en su cara, sordera de su oído derecho, falta de movilidad en sus brazos y secuelas psicológicas, entre otras.

Tras las pruebas presentadas por el fiscal jefe de Puerto Aysén, Luis Contreras, la instancia dio por establecido que el 28 de abril de 2012 en una cabaña ubicada camino a Lago Riesco, Carvajal Rivera sostuvo una discusión con la víctima, con quien mantenía una relación sentimental.

Luego, añade el fallo de los jueces Pablo Freire Gavilán, Sergio Vásquez Parra y Edmundo Devia González, "entre las 19:00 y 19:30 horas, la primera tomó un hervidor y le arrojó a la segunda el agua hirviente que había en su interior".

La joven resultó con una quemadura que abarcó aproximadamente el 40% de su superficie corporal, con heridas en su cara, cuello, tórax, extremidades superiores e inferiores y abdomen, "lesiones de carácter gravísimo que provocaron a la víctima deformidad notoria en su cuerpo y secuelas funcionales de por vida".

El tribunal añadió en su veredicto que, en base a lo expuesto en el juicio, "no se desprende de manera alguna que la víctima haya reaccionado a un ataque de la víctima" ni tampoco que la afectada hubiese dado un golpe al hervidor cuando supuestamente la imputada le llevaba una sopa al lugar donde estaba.

Sostiene el dictamen, redactado por el juez Pablo Freire Gavilán, que "la víctima perdió varios meses de su vida intentando sanarse de las lesiones que sufrió, con operaciones, injertos y otras intervenciones que naturalmente le provocaron una gran aflicción y una alteración significativa a su calidad de vida; destaca lo dicho por la propia víctima, en orden a que tuvo que aprender a caminar y a comer de nuevo".

Los jueces del Tribunal de Juicio Oral también acogieron la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por la parte querellante, representada por el abogado Jaime Dagnino Martínez, por lo cual se condenó a la imputada a pagar treinta y cinco millones de pesos a la víctima.

La sentenciada había sido condenada el año 2000 por conducir un vehículo en manifiesto estado de ebriedad y en 2011 por lesiones leves.

En el juicio oral, donde el fiscal Contreras había acusado a la imputada por el delito de homicidio frustrado, también colaboraron profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, a fin de realizar una serie de coordinaciones necesarias para el desarrollo de este tipo de audiencias.