Alianza pide a Contraloría investigar conflictos de interés de dos altos funcionarios del Minsal

SANTIAGO.- Los diputados de la Alianza Rubilar (Amplitud), Marisol Turres (UDI) y Jorge Rathgeb (RN), presentaron este jueves un requerimiento ante la Contraloría para que investigue las irregularidades en los nombramientos de dos altos funcionarios del Ministerio de Saludos (Minsal) y sus eventuales conflictos de interés que los inhabilitaría para ocupar sus cargos.

La denuncia hecha por la oposición apunta al jefe de la División de Inversiones del Minsal, Sergio Teke y a la jefa de gabinete de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Leticia Ramírez, a quienes se les acusa de haber asesorado a través de consultoras privadas proyectos hospitalarios actualmente cuestionados.

Según explicó Rubilar, Teke ocupó el mismo cargo que hoy ostenta durante el primer gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet.

Durante ese periodo "hubo una cantidad no menor de irregularidades en materia de infraestructura por las cuales él tuvo un sumario, fue suspendido de su cargo y por los cuales efectivamente además tuvieron un descontrol de una cantidad enorme de recursos. Además, a él le tocó asesorar durante este periodo proyectos que hoy están siendo cuestionados por el Minsal, como el CRS de Puente Alto y las bases de licitación del hospital de la Florida y Maipú concesionados", dijo.

Asimismo, la diputada de Amplitud afirmó que durante la administración del ex Mandatario, Sebastián Piñera, Teke siguió asesorando proyectos en los que había estado involucrado antes, esta vez a través de consultoras privadas que se habrían adjudicado más de 2 mil millones.

Y agrega que tras asumir este año su cargo, "él empieza a cuestionar los proyectos en los cuáles él asesoraba a las empresas que deberían haber fiscalizado y vigilado el buen funcionamiento de este proceso. Creemos que él está inhabilitado por conflicto de interés para ocupar de nuevo el cargo".

Con ello, Rubilar planteó que "creemos que efectivamente podría haber una suerte de tráfico de influencias cuando él después de 20 días de haber asumido su nuevo cargo, una de sus consultoras en la cual es socio con la jefa de gabinete de la subsecretaria se adjudica un trato directo por $21 millones".

Por su parte, el diputado Rathgeb enfatizó que "lamentablemente vemos que aquí hay intereses particulares que están primando por sobre el interés de la nación. Están involucrados actos de carácter administrativo, le hemos solicitado al contralor pronunciarse sobre este tema, además de la propia participación que pueda tener la ministra y la subsecretaria, considerando además que este señor debió haber hecho una declaración de intereses patrimoniales donde debió haber sindicado su participación en ete tipo de sociedad y consultorías".

Finalmente la diputada Turres, expresó que "nos parece que esto no sólo riñe con los principios de la probidad sino que además aquí hay mala fe por nombrar por segunda vez en un mismo cargo a alguien que en un gobierno anterior ya había sido suspendido de este cargo por situaciones más que reñidas de la probidad sino que claramente de corrupción".