Gobierno y Gendarmería anuncian unidad anticorrupción ante delitos que vinculan a funcionarios

SANTIAGO.- Afrontar hechos de corrupción y delitos que involucren al personal de Gendarmería, son los principales objetivos que tiene la recién creada Sección de Investigaciones Especiales (SIE), anunciada este lunes por el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y el director nacional del organismo penitenciario, Juan Letelier Araneda.

Dependiente del Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario (DIAP), la Sección de Investigaciones Especiales de Gendarmería, responde a las necesidades detectadas por la actual administración en materia de probidad y transparencia funcionaria y, a lo instruido desde el Ministerio de Justicia en esa línea.

En la actualidad, la sección opera bajo el concepto de las misiones específicas del DIAP, asesorando la toma de decisiones del mando institucional a través del análisis de información relevante en materia de seguridad penitenciaria.

La SIE apunta a posicionar su ámbito de acción en la información valiosa que se genera en los recintos penitenciarios, que permitan adoptar acciones operativas de control al interior de la institución, con el objeto de identificar miembros corruptos, alejarlos del servicio, o generar lineamientos preventivos y de tratamiento de funcionarios potencialmente corruptibles.

El director nacional de Gendarmería, Juan Letelier Araneda, explicó que "la realidad penitenciaria hoy nos sitúa en un escenario de absoluta complejidad, en que la delincuencia dispone de recursos de toda índole, haciendo necesaria la discusión respecto de la existencia del crimen organizado en Chile y de un adecuado tratamiento a las amenazas emergentes, asociadas al tráfico de drogas, poder de fuego de algunas bandas, secuestros extorsivos y otros delitos vinculantes, que incluso generan condiciones distintas y complejas en las cuales se desenvuelven los funcionarios de Gendarmería".

"Y que en el caso concreto de Gendarmería de Chile, como ente encargado de la custodia y vigilancia de este tipo de delincuentes, nos impone la necesidad de abordar este fenómeno, por ejemplo, con la creación de esta sección", agregó la autoridad penitenciaria.

Durante 2013, fueron 23 los funcionarios desvinculados de la institución por delitos relacionados con la Ley 20.000 y cohecho.

Durante 2014, la cifra alcanza a seis.