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Santiago: Viernes 19 de abril del 2024 | Actualizado 17:46
Heraldo Muñoz, ministro de Relaciones Exteriores.
El MercurioSANTIAGO.- El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, descartó que se vaya a reunir con el ex Presidente boliviano Carlos Mesa, quién en su papel de vocero de la demanda marítima contra Chile viajaría a Santiago en las próximas semanas.
"Entendemos por los medios de comunicación que vendría a Chile", comentó Muñoz, quien a continuación manifestó enfáticamente: "no necesitamos que se nos venga a explicar la demanda boliviana, la entendemos muy bien".
El gobierno de Evo Morales presentó en abril de 2013 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en busca de un fallo que obligue a Chile a negociar su reclamación de una salida soberana al mar.
El pasado 7 de julio la Presidenta Michelle Bachelet anunció que objetaría la competencia de la Corte, cosa que finalmente hizo ocho días después.
Respecto a la proyectada visita del ex Mandatario de Bolivia, el ministro dijo que Carlos Mesa "es el encargado de la propaganda, de la difusión de Bolivia en contra de Chile".
"Yo no tengo ninguna disposición de recibirlo, en el caso de que venga a Chile", anunció.
En cambio, Muñoz aseguró que sí esta dispuesto a conversar "con las autoridades competentes, con el canciller de Bolivia (David Choquehuanca), respecto a los temas que están en la agenda bilateral, excluyendo el tema marítimo", puntualizó.
Muñoz compareció este martes ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados explicando las excepciones preliminares que Chile presentó para impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda boliviana.
Al respecto, la autoridad enfatizó que hay un "respaldo sólido y total a la decisión de la Presidenta de la República", Michelle Bachelet, respecto a la impugnación del alto tribunal de Naciones Unidas.
Tras la presentación de las objeciones preliminares, la CIJ debe ahora suspender la tramitación de la demanda marítima interpuesta por Bolivia y abrir un proceso que, según los cálculos de la Cancillería chilena, "durará un año o un año y medio".
