Denuncian deficiencias en investigación por abuso sexual contra diputado Arriagada

SANTIAGO.- Roberto Ávila, querellante en la causa aún desformalizada por supuestos abusos sexuales que enfrenta el diputado Claudio Arriagada (DC), denunció este lunes deficiencias en la investigación que desde hace un año lleva adelante la fiscalía metropolitana Sur.

Ello, porque según enfatizó el abogado de las dos presuntas víctimas, el persecutor a cargo, Rodrigo Chinchón, ha desestimado entrevistar a quien sería -a su juicio- un testigo clave para acreditar la existencia de los delitos.

"Estamos pidiendo al Tribunal de Garantía que se aperciba al Ministerio Público estrictamente a cumplir sus funciones y a tomar declaraciones de acuerdo a la ley a un testigo muy relevante que ha dicho que no quiere declarar porque está atemorizado, que no quiere recordar lo que le pasó y que está afectado psicológicamente a partir de esta situación", detalló Ávila.

Asimismo, recalcó que "es muy preocupante que en una acción dirigida en contra de un diputado de la República, un testigo diga que tiene miedo y que el aparato persecutor no haga nada".

Todo ello, agregó el abogado, a pesar de que su declaración fue incluida dentro de las diligencias solicitadas en la querella presentada en agosto de 2013 ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago.

Ávila también cuestionó que hasta ahora no se haya citado al parlamentario y que, incluso, recién pudo conocer la carpeta de investigación en marzo pasado, debido a que la Fiscalía la había declarado secreta.

Con todo estos antecedentes, el abogado recurrió al tribunal que esta jornada estimó que el requerimiento de la parte querellante sólo puede resolverlo la Fiscalía y se declaró incompetente para ordenar cualquier diligencia al respecto.

Querella

La acción judicial fue presentada en agosto de 2013 por casos de ex funcionarios del municipio de La Granja que denuncian haber sido objeto de ataques sexuales por parte del ex edil DC.

Se trata de dos profesores que aseguran haber sido objeto de los vejámenes bajo amenaza de ser despedidos de sus trabajos. Además, existen otras cinco personas que dicen haber sufrido abusos, una de las cuales habría sido menor de edad al momento de los hechos. Ellos, sin embargo, no son parte de la acción judicial.