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Santiago: Jueves 25 de abril del 2024 | Actualizado 18:50
SANTIAGO.- El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpables de los delitos de infracción a la Ley de Armas y desórdenes públicos a cuatro de los doce acusados por la Fiscalía Centro Norte respecto de hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2013 luego de un acto de conmemoración en el sector de Villa Francia.
En fallo unánime, los sentenciadores acreditaron la responsabilidad en ambos delitos de Marcial Petit, Alejandro Quiroz, Maximiliano Méndez y Víctor Valenzuela, mientras que en el caso de Valentina Narbona, Vera Barrios y Carlos Racovsky, el tribunal sólo dio por establecida su participación en el ilícito de desórdenes públicos.
Ignacio Meza Martínez, en tanto, fue declarado culpable por porte de bomba artesanal y absuelto por el segundo de los hechos que le imputó el Ministerio Público.
Tras conocer el veredicto condenatorio luego de dos semanas de juicio oral, el fiscal centro norte a cargo de la causa, Patricio Cooper, recalcó a Emol estar conforme con el fallo, enfatizando que "por fin se pudo establecer quiénes son los que en las manifestaciones portan bombas molotov y las lanzan contra Carabineros".
"Fue un proceso complejo ya que las detenciones de los imputados se enmarcaron en procedimientos masivos, pero gracias al trabajo selectivo de Carabineros, se pudo dar con quienes eran los responsables que dentro de la marcha atacaron a la policía", destacó.
La Fiscalía Centro Norte acusó a 14 personas por los hechos descritos y pidió una pena de 3 años y un día por el delito de porte de artefacto explosivo y 61 días por desórdenes públicos, propuesta que mantuvo hoy tras el veredicto a la espera de la sentencia que será leída el próximo martes a las 13:00 horas.
Uno de los acusados, sin embargo, no se presentó al inicio del juicio, decretándose su detención, mientras que un segundo imputado fue liberado de todos los cargos por el propio Ministerio Público debido que el funcionario policial que lo detuvo y debía declarar ante el tribunal, no pudo presentarse al proceso.
Durante el juicio, entre las pruebas que ofreció el ente persecutor para lograr condenas, destacaron los informes periciales realizados por el Labocar que confirmaban que todas las botellas halladas entre las pertenencias de los jóvenes contenían gasolina.
