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Santiago: Domingo 14 de diciembre del 2025 | Actualizado 22:58
Juan Manuel Romeo Gómez fue absuelto de todos los cargos en el primer juicio en su contra.
El MercurioSANTIAGO.- Para este martes 2 de septiembre fue programado el inicio de los alegatos ante la Corte de Apelaciones en el marco del recurso de nulidad presentado por la Fiscalía Oriente y que pretende dejar sin efecto el juicio que absolvió de todos los cargos al monitor de computación del jardín Hijitus de la Aurora, acusado de violación y abusos sexuales contra menores del establecimiento.
Ello, luego que fuera declarada admisible la acción judicial del Ministerio Público que resolvió insistir en la culpabilidad de Juan Manuel Romeo Gómez en los ilícitos detallados en la acusación fiscal.
Entre sus argumentos, el Ministerio Público asegura que durante el proceso los niños fueron vulnerados en sus garantías constitucionales al no propiciárseles un ambiente adecuado para declarar en el juicio.
El fallo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal, en tanto, calificó como "imprecisas" las pruebas exhibidas en el juicio por el ente persecutor para acreditar los hechos y resolvió declarar inocente al monitor de computación.
Una vez concluidos los alegatos, el tribunal de alzada cuenta con un plazo máximo de 20 días para entregar su resolución.
Si en ella acoge el recurso, entonces deberá realizarse un nuevo juicio, pero ante un tribunal diferente.
El proceso podría repetirse una tercera y última vez si la defensa recurre a la misma acción en caso de obtener un fallo condenatorio.
Sin embargo, si el tribunal de alzada rechaza anular el proceso, la absolución quedará firme y la inocencia de Romeo Gómez, confirmada.
El veredicto absolutorio se dio a conocer el pasado 24 de julio, instancia en la que los sentenciadores cuestionaron los peritajes que presentó la Fiscalía por las técnicas ya obsoletas que se utilizaron.
En la sentencia, en tanto, el tribunal condenó a los acusadores a hacerse cargo del 60% del total de los costos del proceso, puesto que -a su juicio- el ente persecutor penal actuó con poca objetividad, no logrando sustentar la acusación contra el acusado, quien permaneció un año y medio en prisión preventiva.
El resto de las costas debería ser dividido en partes iguales entre el Sename y las tres familias de las presuntas víctimas.
