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Gobierno se querelló contra detectives de la PDI investigados por torturas contra estudiante

La acción judicial fue ingresada ayer ante el 7° Juzgado de Garantía como antesala a la formalización de otros dos funcionarios de la Brigada Investigadora de Robos programada para hoy.

09 de Septiembre de 2014 | 10:45 | Por Andrea González Schmessane, Emol
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El detective Flavio Torres permanece en prisión preventiva desde diciembre pasado.

El Mercurio

SANTIAGO.- El Ministerio del Interior a través de su departamento jurídico se querelló contra los tres detectives de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI indagados por la Fiscalía Centro Norte por hechos de tortura contra un estudiante de 17 años ocurridos el 8 mayo de 2013 tras una protesta estudiantil.

La acción judicial fue ingresada ayer ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago e incluye a todos quienes resulten responsables de los delitos de apremios ilegítimos y delito informático en relación al joven César Reyes, además del ilícito de obstrucción a la investigación que hoy le será imputado a Gonzalo Contreras Balboa y a Patricio Fuentes Urquiza en el marco de la causa que comenzó la fiscal Ximena Chong contra el policía Flavio Torres, quien permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2013.


De acuerdo a los antecedentes reunidos por el Ministerio Público, la víctima -representada por el abogado Rodrigo Román- habría sido agredido en el cuello y rostro, fotografiado en ropa interior e interrogado por cerca de 10 policías -entre ellos Torres- quienes lo obligaron a entregar su clave de Facebook.


La Fiscalía, además, llegó a la convicción de Balboa y Fuentes habrían mentido en el parte policial que se redactó para explicar la detención del escolar durante la manifestación, quien denunció haber sido víctima de agresiones físicas y psicológicas tras su arresto.


Mientras, la persecutora continúa trabajando para establecer la identidad de otros policías que estarían involucrados debido a que la institución -en principio- se acogió a una disposición de la Ley de Inteligencia Nacional para resguardar los nombres de los detectives en cuestión.

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