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Demanda de trabajadores Arcis apunta a que el PC controla el plantel y firmas relacionadas

Los afectados están solicitando que se declare una unidad económica entre las nueve empresas y la institución para contar con más patrimonio y hacer efectivo el pago de las deudas.

04 de Noviembre de 2014 | 13:54 | Por Fabiola Cadenasso, Emol
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Estudiantes, trabajadores y funcionarios exigen respuesta en el Mineduc.

Hector Aravena, El Mercurio

SANTIAGO.- El próximo 13 de noviembre, el segundo Juzgado del Trabajo de Santiago tendrá que resolver la demanda laboral que interpuso el sindicato N° 1 de trabajadores de la Universidad Arcis contra la institución y otras 9 empresas relacionadas, con el fin de que se establezca que éstas constituyen una unidad económica y por tanto, cuentan con patrimonio para hacer efectivo el pago de las deudas.


Así lo explicó la abogada de la causa Karla Varas, quien sostuvo que "se está solicitando una declaración de unidad económica, y el objetivo de eso es contar con más patrimonio para hacer efectivo el derecho de los trabajadores". Esto, debido a que la "Universidad Arcis actualmente no tiene bienes a su nombre, por lo cual, ante pago de remuneraciones adeudas, cotizaciones e indemnizaciones, no tiene patrimonio con qué responder".


La jurista indicó que "una de las figuras que se utilizan para disgregar el patrimonio que tienen las empresas es recurrir a estas sociedades vinculadas, traspasar bienes, que fue lo que sucedió, y de ahí que se demanda a una serie de sociedades vinculadas con Ical y al PC, sosteniendo nosotros que el Partido Comunista sería el controlador de todas estas sociedad incluidas la Universidad Arcis".


"Esperamos que se respeten los derechos de los trabajadores y que se pueda valorar el hecho de que el no estar con los sueldos y tener inestabilidad laboral genera daño a la integridad física y psíquica de cualquier trabajador que con su dinero mantiene a su familia", agregó Varas.


Demanda laboral


Dentro de los argumentos que presentan los trabajadores en la demanda laboral contra la Corporación Universidad de Arte y Ciencias Sociales Arcis y las otras nueve empresas vinculadas a la institución, es que existe "complementariedad de giros de las empresas relacionadas: Corporación Arcis y todas las razones sociales de Ical tienen giro de servicios educacionales, de capacitación, asesorías y publicaciones. La Sociedad CEAPP también su giro es capacitación".


Por ello afirman que la "constitución de una inmobiliaria es la figura utilizada por las universidades para evadir la figura de corporación sin fines de lucro. Eso se demuestra mediante el aporte de la corporación a la Inmobiliaria Libertad de los inmuebles de las que era dueña en ese entonces, inmuebles que a la fecha se encuentran en poder de bancos, leasing, u otras operaciones".


También se advierte que hay cruce entre socios de las empresas relacionadas a Corporación Arcis, como el pago mensual de facturas que realiza la institución como proveedor a ICAL Capacitación Limitada por cursos que no se han realizado.


Asimismo, "mensualmente paga como proveedor a la Compañía de Radio y Televisión Nuevo Mundo S.A, radio que pertenece al Partido Comunista. En efecto, la sede de esta radio se encuentra en San Pablo 2271, Santiago, propiedad que pertenece a dicho Partido".


Según indica el texto, Ediciones Ical cuenta con domicilio fijo en Ricardo Cumming 350, propiedad también del Partido Comunista.


Pero no es lo único. De acuerdo a la acción judicial, "hay confusión entre los domicilios de las empresas relacionadas" y "confusión patrimonial entre Corporación Arcis y ONG Ical".


Indemnización


Uno de los resultados que espera el sindicato de esta acción judicial, es obtener hasta $120 millones por concepto de prestaciones de servicio, reajustes e intereses, además de una indemnización de $1 millón para cada trabajador afectado (156 afiliados). También se pidió prohibición para que la institución pueda celebrar actos y contratos sobre muebles e inmuebles.


Como medida precautoria, comentó Varas, se solicitó la retención de los dineros correspondientes al Crédito con Aval del Estado (CAE) y becas, que entraron en alguna de las 15 cuentas corrientes que mantiene la Corporación. A la fecha, han logrado retener cerca de $80 millones. "Es lo único que hemos podido encontrar y afortunadamente hemos podido guardar para garantizar el pago de los trabajadores", afirmó la abogada.

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