UDI presenta propuesta para modernización y financiamiento de la política

SANTIAGO.- El líder de la UDI, Ernesto Silva y el jefe del comité de senadores, Hernán Larraín, dieron a conocer este miércoles la propuesta titulada "Modernización y Transparencia en el Financiamiento de la Política".

Desde el gremialismo aseguraron que el documento ya está en conocimiento del gobierno, por lo que esperan trabajar con éste y aportar con sus ideas. Tema que está siendo trabajado con el Ejecutivo y que ha estado en la palestra debido a la polémica por la arista política del caso Penta, relacionado con aportes irregulares a campañas electorales. 

Tras la presentación del texto, Silva manifestó que con la propuesta se busca "defender la legitimidad  del aporte de las personas naturales y jurídicas  al desarrollo de la actividad pública. La comisión de constitución  de la UDI, presidida por el senador Hernán Larraín, ha trabajado sistemáticamente en una propuesta para el financiamiento de los partidos y las campañas, del funcionamiento y las herramientas del Servel y para limitar la intervención  electoral por parte de los gobiernos y de los municipios".
 
El documento aborda dos ámbitos: el Financiamiento de los Partidos Políticos y el Financiamiento de las Campañas Políticas, en donde se propone un financiamiento mixto, es decir, público y privado que esté centrado en una mayor regulación, mayor transparencia y fiscalización.
 
En esa línea, Larraín explicó que la idea es tener un "financiamiento por las vías público y privada,  incorporar  la mayor transparencia posible de manera que la ciudadanía tenga conocimiento de lo que está ocurriendo y finalmente, tener fiscalización de manera que los gastos sean fiscalizables y por los mismo, se sepa qué es lo que ocurre y cómo se gasta, y si hay acciones indebidas que sean duramente sancionadas".

"De la misma manera queremos asegurar que las decisiones ciudadanas en el ámbito electoral sean resueltas con la mayor independencia posible y por eso estamos incorporando un código de procedimientos de buenas prácticas para los organismos del Estado en periodo de electorales", añadió Larraín.
 
En relación al financiamiento público-privado de las campañas políticas, aseguraron que el financiamiento público se debe incrementar "para evitar la dependencia del sector privado, pero no creemos que todo deba ser financiamiento público, porque eso al final también produce una dependencia de la política y no es sano para la democracia". 
 
"No creemos que todo el financiamiento de la política debas a ser público, porque los ciudadanos no pueden estar obligados a financiar  las ideas que no comparten  y también estamos convencidos de que tiene que haber libertad de las personas  naturales y jurídicas de aportar a partidos y candidatos, y eso se debe hacer  dentro del marco adecuado de financiamiento", sostuvo Silva.
 
Otras de las propuestas consideradas, se refieren a mantener el aporte reservado de las personas naturales y jurídicas, pero se introduce un doble tope que se debe definir. Así el texto plantea que "hoy una campaña se puede financiar en un 100% con aportes reservados. La propuesta es limitar los aportes de las personas naturales y jurídicas a un máximo que no supere el 60% del gasto total de una campaña (de lo declarado, no respecto del límite de gasto)".

Con ello, se propone restringir el aporte reservado de personas jurídicas por candidato a un máximo del 4% del límite de gasto autorizado para su respectiva campaña (actualmente es del 10%) y fijar el límite por aporte de persona natural a un máximo de 20 UF.

Por otra parte, se propone eliminar los aportes anónimos, como una manera de transparentar el sistema, además de modificar la competencia y capacidad del Servicio Electoral, con el fin de contar con un mayor control de las obligaciones de los partidos y las candidaturas.