SANTIAGO.- El ministro de Justicia, José Antonio Gómez y la directora nacional de Fonasa, Jeanette Vega Morales, dieron a conocer el cumplimiento del convenio sobre restitución de derechos en salud, a la Magistrada Karen Atala Riffo, tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte en su dictamen sobre el caso "Atala Riffo e hijas v/s Chile", determinó que el Estado, entre otras obligaciones, "debe brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica, gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas que así lo solicitasen".
En ese sentido, el ministro Gómez ofició a Fonasa a que, como seguro público, dispusiera de todas las medidas posibles con el objeto de cumplir con lo solicitado por las víctimas.
De esa manera, Fonasa costeará los gastos del prestador privado para el tratamiento de salud y de terapia familiar por cuatro años, de la señora Atala y de sus hijas, de modo que el Estado cumpla con lo resuelto por la Corte, en el sentido de brindar un tratamiento siquiátrico adecuado y efectivo.
Lo anterior, teniendo en especial consideración que es intención del Estado que las disposiciones del fallo no sólo se cumplan en la forma, sino que también en su espíritu reparatorio.
"No se debe discriminar ni permitir la discriminación de ninguna persona que se acerque a los Servicios Públicos. Nuestro objetivo es que todos los funcionarios del Estado tengan conocimiento de sus obligaciones en torno a la no discriminación y en esa senda seguiremos trabajando", señaló Gómez.
Por su parte, la directora Vega puntualizó que como Seguro Público de Salud, "es muy satisfactorio el haber contribuido a cumplir el acto reparatorio en el caso de la jueza Atala. Hemos firmado un convenio como Estado de Chile y como Fonasa, y este convenio ya está en ejecución, la jueza y sus hijas están en terapia reparatoria y sus hijas menores cuando cumplan la mayoría de edad, podrán participar de terapias individuales y/o familiares".
Finalmente para la magistrado Atala, "con estas acciones veo la buena fe del Estado representado por el Ministerio de Justicia y Fonasa. Este es el gran legado de la causa, el educar para prevenir la discriminación y erradicar estereotipos negativos y prejuiciosos que puedan afectar a nuestra comunidad".
Atala demandó al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación (2008), luego que la Corte Suprema le negara la tuición de sus hijas producto de su convivencia con una pareja homosexual (2003). Hoy es miembro del directorio de la Fundación Iguales.