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Caso FUT: Fiscalía ofrece cinco años de libertad vigilada a ex funcionaria del SII

En un procedimiento abreviado, Mitzi Carrasco fue condenada por delito tributario y cohecho tras reconocer los hechos que le imputó el Ministerio Público.

17 de Marzo de 2015 | 11:50 | Por Andrea González Schmessane, Emol
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Christian Zúñiga, El Mercurio

SANTIAGO.- La fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente ofreció una pena de cinco años de libertad vigilada intensiva, además del pago de una multa de $246 millones, a la ex funcionaria del Servicio de Impuestos Internos Mitzi Carrasco.


Ello, en el marco de un procedimiento abreviado en el que la mujer aceptó los cargos de delito tributario y cohecho que le imputó el Ministerio Público en el marco de la investigación por el fraude de $2.700 millones que afectó a la entidad fiscalizadora.


De esta manera, se concreta la quinta condena en la causa que dio inicio a la arista política por presuntos delitos tributarios vinculados a irregularidades en el financiamiento de campañas políticas que se persigue en el denominado caso Penta.


La sentencia -que ya fue acordada- se leerá el próximo 20 de marzo.


La salida alternativa de la mujer se suma al proceso simplificado que en diciembre acordó el Ministerio Público con Orlando Carvajal, y a los realizados en febrero para Francisco Sivit, Hernán Díaz y Horacio Mayquel, con una multa de $277 millones.


Ahora, sólo el ex trabajador del SII Iván Álvarez, además de los contadores Juan Carlos Prieto y Sergio Díaz -esposo de Carrasco-, podrían enfrentar un juicio oral arriesgando penas de cárcel.


La fiscalía, sin embargo, no descarta un juicio abreviado para ellos, siempre y cuando las penas acordadas sean efectivas, es decir, que se cumplan en la cárcel.


Lo anterior, será discutido el próximo 24 de marzo ante el 8º Juzgado de Garantía, instancia en la que además se retomará la audiencia preparatoria de juicio.


Fraude al FUT


De acuerdo a la investigación, los imputados realizaban operaciones que simulaban pérdidas tributarias para obtener devoluciones de manera ilícita.


Lo anterior, previo a acuerdo con los contribuyentes, con quienes tras el fraude repartían el dinero obtenido de la estafa.


Las indagatorias, además, han establecido que participaron del fraude al menos 122 contribuyentes.

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