VALPARAÍSO.- La Comisión de Constitución del Senado despachó, en segundo trámite, el proyecto sobre certificación de la firma electrónica, ratificando las indicaciones del ejecutivo para asegurar la extensión de los mecanismos de la firma electrónica certificada a los órganos del estado distintos de la administración pública.
Mañana miércoles 9, la Comisión de Hacienda deberá pronunciarse sobre los temas relativos a los mayores gastos que irrogará la legislación a la Subsecretaría de Economía.
El proyecto original sólo establecía la utilización de estos medios virtuales en el aparato administrativo, no obstante y acogiéndose una solicitud de la comisión, el uso de estos mecanismos se implementará en los demás organismos estatales como los Tribunales de Justicia, el Congreso Nacional, la Contraloría, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Defensa del Estado.
El presidente de esta comisión especializada, Senador Sergio Diez, anticipó que mañana se podría poner en tabla en la Sala por lo que quedaría en condiciones de pasar a la Cámara de Diputados en tercer trámite.
Valoró la acogida que el ejecutivo dio a los acuerdos de la comisión y la rápida ratificación por parte de los senadores, explicando que, en el fondo, "en este proyecto tratamos de acercarnos lo más posible a la legislación universal, no exigiendo, por ejemplo, que las firmas certificadoras se registren o se homologuen las certificadoras mundiales porque entendemos que este no es un problema únicamente nuestro; lo que quisimos es facilitar la aplicación de las prácticas mundiales al respecto".
Por su parte, el senador José Antonio Viera-Gallo, autor de la moción que luego patrocinó el gobierno, afirmó que este proyecto "es clave en la modernización de nuestro sistema económico y jurídico, ya que no sólo se refiere a la firma electrónica en cuanto tal, sino que también legisla de manera colateral sobre el documento electrónico".
Añadió que uno de los aportes más destacados de este debate fue lo relativo al valor probatorio del documento electrónico, "más aún cuando nuestro derecho razona en base al documento escrito o al consenso oral y no en base al mundo virtual o electrónico; y el desafío que asumimos aquí, fue adaptar el derecho comercial y civil al mundo de la informática".
En esta última sesión, también presentaron indicaciones los senadores Rodolfo Stange y Ramón Vega, para introducir enmiendas formales, el primero, y para establecer nuevos delitos a razón de la posible utilización fraudulenta de los servicios de certificación, el segundo.
No obstante, la comisión resolvió no innovar en ninguno de los casos y, en particular sobre la propuesta del senador Vega, que buscaba crear una figura penal ante posibles delitos en la falsificación de los certificados de acreditación, se consideró oportuno esperar una propuesta del ejecutivo que englobe todas las materias referidas a figuras penales que involucren el comercio o las transacciones virtuales.
