TALCA.- En una audiencia de formalización, el Fiscal Adjunto de Talca, Carlos Olivos, estipuló la investigación ante la jueza de garantía, Isabel Salas, por los delitos de violación de intimidad, revelación de datos y sabotaje informático, en contra del imputado de 21 años de edad, H.V.C, quien entre diciembre de 2001 y enero de 2002 habría ingresado y obstaculizado el servidor, página web y datos de la empresa AtiChile (www.atichile.cl).
Esta noticia fue informada en enero pasado en "El Mercurio".
De acuerdo a lo manifestado por el fiscal, el joven supuestamente ingresó a la cuenta personal del gerente general de la empresa, Carlos Contreras, interceptó, conoció y se apropió de información de correos electrónicos, difundió nombres de usuarios de AtiChile, obstaculizó y destruyó archivos y creó una nueva página web con mensajes ofensivos ("P0key was here").
El abogado que representa a AtiChile, Alberto Contreras, señaló que en la audiencia "la fiscalía aceptó cada uno de los ilícitos que denunciamos en la querella particular, es decir, se dio a lugar a las cuatro figuras contempladas en la Ley de Delitos Informáticos (19.223) y a la figura penal de violación al derecho a la intimidad".
Éste es el primer caso de delitos informáticos en el país que se ve bajo la nueva Reforma Procesal Penal.
En la audiencia, el fiscal solicitó la medida cautelar de firmar cada 30 días en el Tribunal de Garantía, a la que el abogado defensor no se opuso. La solicitud de medida cautelar fue argumentada con una serie de antecedentes proporcionados gracias a una orden de investigar que fue dispuesta por el fiscal Olivos a la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones.
El abogado querellante señaló que la actuación de dicha brigada fue sobresaliente, ya que pudieron encontrar indicios de software utilizado para hackear en el computador personal del joven y en el que habría utilizado en un cibercafé. "Por primera vez se utilizó un software que recupera la información borrada en un disco duro, con muy buenos resultados", señaló Alberto Contreras.
El fiscal explicó que el joven no tenía antecedentes y en todas las diligencias había colaborado con la justicia. La juez de garantía fijó un plazo de investigación de ocho meses, dentro del cual el fiscal deberá presentar acusación respecto a los delitos que se investigan.
