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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 01:52
SANTIAGO.- Mexico comenzará un registro nacional de usuarios de teléfonos móviles que incluirá las huellas digitales de todos los clientes, en un esfuerzo de atrapar criminales que usan los dispositivos para extorsionar y negociar rescates por secuestros.
Bajo una nueva ley publicada el lunes y que entrará en vigencia en abril, las compañías de telefonía móvil tendrán un año para construir una base de datos de sus clientes, que incluye las huellas digitales. La idea sería comparar las llamadas y mensajes con los dueños de los teléfonos.
Cientos de personas son secuestradas en México cada alo, y el número de víctimas está aumentando fuertemente a medida que las bandas de narcotraficantes buscan nuevos ingresos.
Los legisladores que presionaron por la medida a través del congreso el año pasado, dicen que hay cerca de 700 bandas criminales en México, algunas de ellas operando desde las cárceles, que usan teléfonos celulares para exigir rescates por los secuestros.
La mayoría de los 80 millones de celulares que existen en México, al igual que en Chile son de prepago, los que pueden ser comprados en las tiendas sin ninguna identificación de por medio.
El registro procura que los nuevos suscriptores tendrán que registrar sus huellas digitales cuando compren un teléfono o contraten un plan.
También se pide a los operadores que guarden toda la información de los celulares, como las llamadas, mensajes de texto y de voz, por un año. La información de los usuarios y las llamadas serán completamente privadas, y se podrá acceder a ellas sólo con una orden judicial y para seguir el rastro a criminales.
El multimillonario Carlos Slim, quien controla el operador móvil número 1, América Móvil, dijo que la ley sería más útil si registrara los movimientos de los usuarios de los celulares. “Lo que se necesita hacer es otro tipo de medidas más efectivas”, dijo el empresario.
El ex ministro de finanzas y actual cabeza de la unidad local de Telefónica, Francisco Gil Díaz, criticó la ley, diciendo que sólo crearía más burocracia para los operadores.
Los legisladores especificaron que los usuarios deben reportar de forma inmediata si han perdido o prestado sus teléfonos para evitar la responsabilidad por un aparato utilizado en un crimen.
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