SANTIAGO.- La directora (s) del Instituto de Normalización Previsional (INP), Regina Clark, presentó, en conjunto con la Corfo, el Banco del Estado y la Tesorería General de la República, un escrito a la Primera Sala de la Corte Suprema solicitando que los cinco magistrados de esa instancia se inhabiliten por causal de "implicancia" para conocer la "nulidad constitucional" que se reclama en contra del fallo que obliga a estas instituciones a devolver más de tres mil millones a los ex trabajadores de la quebrada empresa Machasa.
La personera aseguró que no sólo los ex trabajadores de Machasa son acreedores en el proceso sino que también los organismos mencionados, debido a que se les adeudan dineros.
Asimismo, aseguró que tras la quiebra de Machasa en 1982 y hasta la fecha, existen doce entidades privadas "que no han restituído suma alguna a los ex trabajadores, estando obligadas a hacerlo".
La suma total de la deuda privada asciende, de acuerdo a la versión del INP, a poco más de 3 mil millones de pesos.
Clark aseguró que todas las acciones judiciales emprendidas por los organismos del Estado buscan proteger "el patrimonio de todos los chilenos".
