PARÍS.- Más de un año después del escándalo Volkswagen, la justicia francesa abrió una investigación a Renault para determinar si hay fraude en los dispositivos de control de emisiones contaminantes en los vehículos diésel del constructor francés.
La fiscalía de París ordenó el 12 de enero la apertura de esta investigación judicial por "fraude", añadiendo como circunstancia agravante consecuencias “para la salud”.
Renault, que presentó en marzo 2016 un plan de acción para reducir los óxidos de nitrógeno (NOx) de sus motores diésel, declaró en un comunicado que “respeta la legislación francesa y europea” y que sus vehículos “no tienen dispositivos fraudulentos”.
Renault es el segundo constructor de automóviles que debe responder ante la justicia francesa sobre sus prácticas en materia de emisiones de sus motores diésel, después de Volkswagen, que admitió en septiembre de 2015 que manipuló once millones de vehículos para falsificar los resultados de los controles de emisión de partículas contaminantes.
En febrero de 2016 se abrió una investigación judicial contra el fabricante alemán por "fraude agravado".
Comisión de investigación
Tras el escándalo de Volkswagen, el ministerio de Ecología de Francia había creado una comisión de expertos independientes para realizar pruebas a un centenar de marcas de vehículos en venta en el país.
Las conclusiones de la comisión, publicadas en julio de 2016, evidenciaron que varios constructores, en particular Renault, el primer constructor de coches francés, excedían las emisiones contaminantes permitidas.
Paralelamente, el ministerio de Economía francés encargó a la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF, por sus siglas en francés) investigar a una docena de marcas que venden vehículos diésel en Francia.
En el marco de esta investigación, la DGCCRF llevó a cabo en enero de 2016 una serie de registros en varias plantas de Renault, lo que provocó un hundimiento del título en la bolsa.
Tras la investigación, la dirección de represión de fraudes decidió en otoño de 2016 transmitir sus conclusiones a la fiscalía.
