La Unión Europea ya cuenta con nuevas reglas que buscan evitar que se repitan casos como el “dieselgate” y que entregan a la Comisión Europea más facultades para fiscalizar y sancionar a los fabricantes de automóviles que no cumplan con las actuales normas de emisiones.
La nueva regulación, que se acordó en 2018, endurece los controles a la industria automotriz y se dan nuevas atribuciones al organismo contralor para realizar acciones que hasta ahora eran exclusivas de los estados miembros.
A partir de esta semana, el Ejecutivo comunitario tiene la capacidad para llevar a cabo sus propios tests de los vehículos que ingresen al mercado y frenar la comercialización de los modelos que no cumplan con las actuales disposiciones de emisiones, además de poder imponer multas de hasta un máximo de 30.000 euros ( poco más de 27 millones de pesos chilenos) por vehículo cuando se incumplan las normas.
“Los europeos esperan lógicamente conducir vehículos más limpios y más seguros. Esto presupone controles estrictos de los coches situados en el mercado y que circulan en nuestras carreteras. También requiere una aplicación real y una supervisión a nivel europeo”, declaró el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.
En este sentido, la Comisión Europea realizará sus propios controles de calidad antes que los vehículos entren al mercado del bloque e incluso cuando estos ya estén en circulación. En caso de detectar irregularidades tendrá además la potestad de sancionar y hasta revocar las certificaciones extendidas.
Según se explicó, esta facultad operará de forma paralela al derecho que tiene cada uno de los países del grupo para realizar los controles que estimen necesarios.
Se añadió además que los incumplimientos pueden ser falsas declaraciones o la introducción en los motores de dispositivos que busquen falsear sus niveles de emisiones, tal como se descubrió en 2015 en el llamado “dieselgate”.
