El gobierno de Japón advirtió a Estados Unidos que su Ley de Reducción de la Inflación, norma que entre sus puntos otorga una importante subvención estatal para la adquisición solo de vehículos eléctricos de producción local, podría desalentar nuevas inversiones de los japoneses en ese mercado, lo que golpearía el empleo en la economía más grande del mundo.
En un escrito enviado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informaron medios internacionales, el gobierno japonés hizo presente una serie de preocupaciones sobre esta norma tramitada por la administración Biden y que busca proteger su industria automotriz en la transición hacia la electromovilidad, además de construir una cadena de suministros más resistente del país y reducir su actual dependencia, por ejemplo, con proveedores chinos.
La declaración del Ejecutivo nipón es la culminación de las preocupaciones compartidas durante meses por el gobierno japonés y el grupo de presión automotriz de ese país en cuanto a que esta norma pone a los fabricantes de automóviles japoneses en desventaja en el importante mercado norteamericano.
Los requisitos para ser elegible para el crédito fiscal "no son consistentes" con la política compartida entre los gobiernos de Japón y EE.UU. para construir cadenas de suministro resistentes trabajando con aliados y socios, dijo el gobierno.
"Sería posible que los fabricantes de automóviles japoneses duden en realizar más inversiones para la electrificación de los vehículos", dijo el gobierno. “Esto podría causar impactos negativos en la expansión de la inversión y el empleo en Estados Unidos”.
Japón se une a Corea del Sur y los países europeos que ya han expresado su preocupación por la legislación. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo el viernes que estaba buscando un período de gracia de tres años en la ley para permitir que sus fabricantes de automóviles sigan recibiendo incentivos para vehículos eléctricos en los Estados Unidos.
Según la ley, a partir del 1 de enero próximo se entregará una subvención de hasta 7.500 dólares para quienes deseen adquirir un vehículo eléctrico de fabricación local, dejando fuera a más del 70% de los cero emisiones que actualmente se comercializan en esa plaza.
A corto plazo la norma se hará aún más estricta al exigir que las baterías de los cero emisiones sean fabricadas con materias primas provenientes, casi en su totalidad, de la producción estadounidense o de sus socios.
En septiembre pasado, el ministro de Industria japonés, Yasutoshi Nishimura, ya hizo presente estas preocupaciones a la Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, en una reunión en Los Ángeles, oportunidad donde dijo que esta norma incluso podría violar el derecho internacional.
Incluso algunos fabricantes de automóviles estadounidenses han expresado su preocupación por algunos aspectos de la ley.
Ford Motor Co dijo el jueves pasado que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. debería limitar la definición de una "entidad extranjera de interés" para garantizar que más vehículos eléctricos puedan calificar para los 7.500 dólares en créditos fiscales al consumidor.
